Finalizan los trabajos para la instalación del nuevo escudo constitucional de la fachada posterior del palacio sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Tras cinco meses de obras y un coste de 100.000 euros para las arcas del Estado, el antiguo blasón con símbolos franquistas ya es historia, trasladado al Museo de Cáceres después de que la Junta lo declarara como Bien de Interés Cultural.

Sin andamios y con la fachada ya remozada, el nuevo escudo es más pequeño que el anterior --50 centímetros de largo, 45 de ancho y 20 de profundidad--, hecho en piedra. Según responsables de la Administración de Justicia, las tareas para poder instalarlo han sido más complicadas de lo que se esperaba, ya que el antiguo de Pérez Comendador --de 2,50 metros de alto, 2,40 de ancho y 80 centímetros de profundidad-- no estaba adosado a la fachada sino esculpido en un bloque de granito de casi dos metros de ancho, encastrado en todo el ancho del edificio.

A las dificultades técnicas se ha unido la polémica que generó quejas, críticas y denuncias de particulares y colectivos para evitar que se retirara. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Cáceres mantiene abierta una investigación a raíz de una denuncia del Instituto de Estudios Heráldicos y Genealógicos de Extremadura.

FALLO JUDICIAL Días después de que comenzaran los trabajos, un juez resolvió no paralizar la retirada del escudo tras determinar que "no había lugar" a la suspensión de los trabajos de extracción del emblema que, como medida cautelar, había solicitado el instituto heráldico.

El origen de la retirada se remonta a febrero del 2008 cuando la Delegación del Gobierno de Extremadura, a petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex), ordenó la que se quitara el escudo. Casi tres años después, se iniciaron los trabajos de desmontaje. Un informe técnico, fechado 20 días después del comienzo, advertía de las dificultades para retirarlo.

Se da además la circunstancia de que el historiador cacereño Antonio Manuel Barragán-Lancharro presentó también ante la Junta un escrito-denuncia al considerar que se trataba de un bien cultural protegido por la legislación autonómica.