Diez años después de una supuesta estafa millonaria, de más de 4,3 millones de euros (719 millones de las antiguas pesetas), a la empresa Urvicasa y seis entidades bancarias, por los que eran los dos administradores de Construcciones y Reformas Alcaba, ayer se celebraba en la Audiencia Provincial el correspondiente juicio.

En el banquillo de los acusados debían sentarse Juan Pedro A. F. y Francisco Javier H. P., pero solo lo hizo el primero, ya que el segundo se encuentra en paradero desconocido y contra él se ha dictado una orden judicial de busca y captura. Para este solicitaba el Ministerio Fiscal 6 años de prisión y 8.520 euros de multa por un delito continuado de estafa realizado mediante letra de cambio y pagares, de especial gravedad; el mismo que se imputa a Juan Pedro A., pero en su caso en concurso, además, con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Este negó absolutamente todos los hechos; aseguró que "nunca he duplicado ni una sola letra" ni cometido falsificación alguna.

Tras señalar que durante los 3 años que su empresa mantuvo relaciones comerciales con Urvicasa "jamás tuvimos de esta ni una sola queja", indicó que el contrato entre ambas se rescindió el 26 de noviembre del 2001 "porque nosotros no estábamos dispuestos a seguir con la forma de pago que Urvicasa exigía, pues ya se nos debía mucho dinero". Y fue precisamente la demanda que interpusieron "para reclamarles más de 700 millones de pesetas que nos debían" lo que, según hizo constar Juan Pedro A., motivó la denuncia de Urvicasa, pues "no nos denunció hasta que nosotros presentamos la demanda".

El acusado hizo constar que no solo "es falso" que se hayan beneficiado de Urvicasa, sino todo lo contrario, pues desde que se inicio este proceso "no hemos vuelto a levantar cabeza". Y es que según señaló, Urvicasa "se quedó con las obras, los trabajadores... y a nosotros nos echaron del mercado, además de que nos embargaron todas las propiedades y bloquearon todas las cuentas".

En declaraciones a este diario su letrada indicaría como un factor favorable a su representado el hecho de que la fiscal anunciara que retiraría la petición de indemnización para Urvicasa, "porque no la considera perjudicada".

HECHOS IMPUTADOS

Según el escrito fiscal, una vez resuelto el contrato entre Urvicasa y Alcaba los acusados, "de común acuerdo y sin base contractual en el contrato previo y resuelto, a sabienda de ello y con intención de obtener un enriquecimiento injusto", incurrieron en delitos de falsedad documental y estafa, de especial gravedad.

Se acusa en concreto a Juan Pedro A. y Francisco Javier H. de que, aprovechando la relación comercial que durante años mantuvieron con Urvicasa, "presentaron al cobro y endosaron a distintas empresas y entidades letras de cambio que Juan Pedro A. había emitido él mismo como librador y en las que firmó el acepto como si se tratase de la intervención del gerente de Urvicasa o de otra persona de esta empresa". Y además, ponía el sello de Urvicasa en la letra de cambio para darle apariencia de veracidad, "sin que en ningún caso hubieran sido aceptadas por el gerente de Urvicasa".

El valor de las letras presuntamente firmadas por Juan Pedro A. simulando la firma del gerente de Urvicasa asciende a un total de 3.263.495,72 euros (543 millones de las antiguas pesetas).

Y además, también habrían presentado al cobro y logrado el desplazamiento patrimonial buscado (168 millones de las antiguas pesetas) hasta de seis entidades bancarias, determinadas letras del cambio en las que Juan Pedro A., "de propia mano y sin acuerdo previo con el otro acusado" había puesto la firma en el lugar del aceptante "haciéndose pasar por el gerente de Urvicase", así como el sello de esta empresa. Todos estos hechos fueron negados por el acusado.