El expediente para contratar la nueva concesión para la gestión del agua está completo. Pero antes de llevarlo a la comisión de Desarrollo Local y al pleno de la corporación municipal, en los que el gobierno está en minoría, el ejecutivo intentará llegar a un consenso con el resto de grupos políticos. Por ahora se parte de un plazo de concesión de 24 años (tiempo que la empresa estaría gestionando el servicio municipal del agua), que es el mismo periodo propuesto en el plan de saneamiento que la Intervención del ayuntamiento presentó en junio del pasado año.

Intervención proponía 24 años porque entendía que era el plazo mínimo para amortizar el canon de 30 millones de euros que la compañía que gane el concurso debe aportar, un dinero que el gobierno ya se ha gastado en la operación para el pago de deuda a acreedores y que ahora adeuda a las entidades financieras con las que se han concertado seis operaciones de crédito.

Mantener un plazo de concesión de 24 años en el anteproyecto de explotación, que contiene los estudios económicos y financieros de la concesión del servicio del agua, conllevaría una reducción en las obras a financiar con cargo al contrato, que en principio se cuantificaron en 34 millones, después en 23 y que ahora se han vuelto a reducir (el importe de las obras se suman al canon, la empresa anticipa el dinero y el consistorio lo amortiza en el periodo de la concesión con la tasa que paga el usuario por el servicio. La cantidad del canon es intocable porque el consistorio ya lo ha utilizado, pero las obras es una variable).

Cuando Intervención calculó un periodo de concesión de 24 años no se preveía incorporar obras a sufragar con cargo al contrato para la concesión del agua. Para amortizar el canon y las obras se tendrá que recurrir a la tarifa que paga el usuario. En un estudio previo al plan de saneamiento, la Intervención municipal había calculado un incremento en la tarifa de 21 céntimos por cada 1.000 litros facturados, pero se partía de un periodo de concesión de 30 años para un canon neto de 31 millones de euros (su global ascendía a 45, aunque como se pedía a la empresa su pago en tres años se calculaba un coste en intereses de casi 14 millones de euros).

La incidencia en la tarifa sería mayor ahora porque el periodo de concesión es menor --24 años para amortizar, en vez de 30-- y al canon se suman las obras a sufragar con cargo al contrato.

No obstante, la repercusión que tendrá en la tarifa dependerá de cómo se cierre finalmente la lista de obras a financiar, además, aunque se haga un cálculo previo al concurso, la subida final en la tarifa dependerá de la propuesta de la oferta ganadora (lo que la empresa cobre al ayuntamiento por cada metro cúbico tratado y depurado, el beneficio industrial...). También dependerá de si se acompaña de una reforma de la ordenanza fiscal (gravar más de lo que se hace ahora a consumos elevados).

DESDE 2005 La tarifa del agua no se modifica desde el tercer bimestre del 2005. Actualmente se pagan 55 céntimos por cada mil litros de agua facturados en hogares y 86 en locales e industrias. Si, por ejemplo, se parte del agua total que se facturó en 2008, 7.166.820 metros cúbicos, se le aplica un canon de 30.103.164 euros, cantidad pedida a los bancos, y se divide por 24 años (periodo de la concesión), nos daría una incidencia de 17,5 céntimos por cada mil litros que se facturen, cifra a la que habría que sumar la repercusión de las obras con cargo al contrato. (Luego están los intereses que se pagan al banco por los seis créditos y los que podría generar el canon, ya que la empresa adelanta un dinero que es por todo el periodo de concesión).

Por último está la incidencia de trasvasar agua de Portaje, aunque en el contrato no tendría repercusión, ya que a propuesta del PP se quitó del pliego, pero a la larga acabaría teniendo una incidencia, al menos por el coste energético de las elevaciones.