La Asociación Cacereña de Inmigrantes denuncia que ocho de cada diez extranjeros carecen de papeles para desempeñar su trabajo en la ciudad. Según este colectivo, constituido en septiembre del año pasado y que agrupa a más de 700 inmigrantes, aún quedan más de 1.000 expedientes por resolver en la provincia cacereña por parte de la subdelegación del Gobierno.
Roberto Diokila, presidente de la asociación, explicó que ya se han mantenido contactos con el subdelegado, Fernando Solís, para tratar de agilizar los permisos de trabajo y de residencia solicitados por los inmigrantes, la mayoría procedentes de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y República Dominicana, además de los de la población magrebí.
La asociación está dispuesta a avalar con informes ante el Gobierno las solicitudes de los inmigrantes y propone que se establezca un permiso temporal de un año antes de estudiar si se concede una autorización definitiva. "El 90% de los expedientes están denegados. Queremos dialogar con las autoridades para que se les dé una primera oportunidad", asegura Diokila. La apertura de un albergue con comedor que gestionarían los inmigrantes es otro de los proyectos que la asociación quiere presentar a la subdelegación.
