Un buen número de ciudades españolas han apostado por la peatonalización de sus recintos históricos. Uno de los ejemplos más relevantes es Vitoria, donde se han invertido más de 42 millones de euros en la remodelación del centro y se han ganado para el peatón 40.000 metros cuadrados. Los técnicos vitorianos aseguran que "esta medida ha revitalizado el sector terciario". En Cáceres, donde los primeros pasos para peatonalizar se desarrollaron en febrero del 2003, el objetivo del ayuntamiento es dejar sin coches más de 16.000 metros. Pero la capital cacereña está a años luz de otras ciudades.
En Salamanca, las 84 hectáreas del casco histórico están peatonalizadas. A diferencia de Cáceres, su recinto monumental está completamente poblado. Sólo en la zona centro residen 4.621 personas y en la de Sancti Espíritu o San Juan, alrededor de 16.000. El consistorio ha dado 856 tarjetas para vecinos, taxistas, bomberos, policía y ambulancias.
Alcalá de Henares peatonalizó el 22 de septiembre del 2002. Lo más curioso es que el ayuntamiento firmó un manifiesto conjunto con vecinos, comerciantes y todos los gremios afectados en el que sentaron las bases de su plan de restricción al tráfico. La zona de actuación ocupa 80 hectáreas.
En León, el plan de regulación del tráfico en el casco histórico entró en vigor el 13 de abril de 1998. Afecta a 16 calles, cuenta con ocho puertas de acceso y abarca una zona en la que se encuentran los monumentos más emblemáticos de la ciudad, como la catedral o la colegiata de San Lorenzo.
En Segovia los pasos se iniciaron hace ya seis años, cuando se construyó un párking subterráneo en la avenida Fernández Ladreda. La fórmula del subterráneo también se ha aplicado en Pamplona, donde se peatonalizó la plaza del Castillo y se construyó un párking.
La medida no fue demasiado discutida por los empresarios, pero sí levantó un movimiento ciudadano que se quejaba del posible impacto urbanístico del entorno. También se peatonalizó el casco viejo --con quejas comerciales-- y parte de la avenida Carlos III.
En Ibiza se liberó de coches el barrio de La Marina, zona comercial al pie del conjunto amurallado. En Santiago de Compostela se aprobaron las ordenanzas en 1988. Eso sí, el consistorio habilitó aparcamientos periféricos.
