El ocio y el descanso tienen muy difícil la convivencia en España por varias razones. En primer lugar porque este es un país en el que no se habla sino que se grita, aunque algunos incluso aúllan, no se dialoga sino que se discute y como no tenemos educación cívica nos importa un higo lo que les suceda a los demás. En segundo lugar porque la diversión y la celebración de cualquier acontecimiento van unidas al alcohol y este no es una inocente pócima sino que potencia la euforia y puede llegar a nublar el razonamiento, de manera que aumenta el riesgo de griteríos. A eso debe sumarse que las autoridades no han afrontado este problema con la rigurosidad que merece como lo prueba el hecho de que llevamos más de cuarenta años con la cuestión y que haya sido necesario llegar a los tribunales para dirimir algunos conflictos, no todos, pues el coste que suponen los litigios ha retraído a los vecino en muchas ocasiones. Resulta descorazonador que a estas alturas desde la patronal continúen diciendo que es necesario insonorizar los locales, pues tal exigencia está vigente desde hace más de cuarenta años, lo que pone de manifiesto que algunos se abren sin los requisitos necesarios. La prohibición de fumar en los locales cerrados ha tenido como consecuencia trasladar el ruido fuera de los bares y, puesto que no se aplica la ley que prohíbe beber en la calle, resulta que el griterío no deja descansar a nadie. Por si fuera poco, la concesión de terrazas, veladores, mesas y toda clase de elementos que propician la consumición en la calle no hace más que aumentar el barullo. La cuestión es muy sencilla. Las leyes, si son justas, están para proteger a los afectados, que en este caso son los vecinos y a los empresarios del sector, aunque algunos no lo entiendan. Los vecinos saben que les protegerá del ruido. El empresario l sabe que si la cumple no tendrá problemas ni estará al albur del capricho o la mala fe de nadie. Lo que hace falta es que las autoridades hagan todo lo posible para que se cumplan.