La OCU estima que en ciertas zonas de las ciudades, sobre todo donde hay calles habitualmente colapsadas por el tráfico, puede defenderse la regulación de las plazas de aparcamiento en superficie, pero considera que esta medida debe acompañarse de una política municipal que incentive el transporte público y, en la medida de lo posible, no contaminante. Una política apoyada en cuatro ejes: primero, unos medios de transporte público suficientes, frecuentes y cómodos; segundo, un cinturón de aparcamientos disuasorios alrededor de la urbe, conectados con estos medios de transporte públicos y gratuitos o de coste reducido; tercero, una red de carriles bici, protegida y segura, que enlace con las principales vías de la ciudad y que llegue hasta el mismo centro; y cuarto, que esta zona centro sea preferentemente peatonal.
