El consistorio ha decidido personarse en el proceso judicial entablado entre Inmobiliaria Pimar, del grupo empresarial Pinilla, y el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, organismo del Ministerio de Defensa, por la ocupación por parte de la empresa, que tiene licencia de obra del ayuntamiento, de terrenos que el ministerio considera de su propiedad. La parcela origen de esta diferencia, que ya se dirime en los tribunales, ocupa 644 metros cuadrados y entra en el área de reparto en suelo urbano San Justo 4, donde Pimar promueve un bloque de tres alturas y 24 pisos, garajes y trasteros.
El área de reparto (ámbito de división del suelo urbano para fijar su aprovechamiento) San Justo 4 ocupa una parcela de 2.776 metros cuadrados, que hace esquina entre las calles Capitán Luna y prolongación de Velarde. Este área tiene 1.436 metros cuadrados destinados a residencial, donde Pimar promueve la ejecución de un bloque que construye Extursa, 669 del viario existente (Capitán Luna) y 644 de viario nuevo (la prolongación de Velarde), que se tiene que ejecutar y es la causa del proceso judicial.
Defensa ha pedido que se desocupe el terreno, e incluso las obras estuvieron paralizadas hace unos meses. El Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas defiende que es de su propiedad. Este organismo del ministerio es dueño de parte de la unidad de ejecución en suelo urbano San Justo 6, que linda con el área de reparto San Justo 4. En la unidad entran las viviendas unifamiliares de las calles Daoiz y Velarde y va desde San Justo hasta la avenida de Delicias. Aquí se prevé la ejecución de unos 150 pisos en bloques de viviendas.
La exclusión de Defensa de San Justo 4, con los 644 metros cuya propiedad defiende, la dejaría fuera del reparto de cargas (costes de las obras) y de beneficios (los ingresos que origine la venta de las 24 viviendas, garajes y trasteros que se ejecutan).
LA AUTORIZACION Inmobiliaria Pimar solicitó hace dos años al consistorio la licencia de obra. El dictamen fue a favor, aunque el ayuntamiento recordó al promotor que estaba obligado a urbanizar el tramo de la prolongación de la calle Velarde que está sin ejecutar. El ayuntamiento entendió entonces que los 644 metros cuadrados del nuevo viario tienen que ser considerados de propiedad pública y sin uso lucrativo alguno, lo que significaba desestimar la titularidad de Defensa y facilitaba que la inmobiliaria los ocupara para la posterior urbanización del nuevo vial, que tiene que conectar la calle Velarde con Capitán Luna.
El argumento del ayuntamiento fue que cuando se autorizó la construcción de los bloques de viviendas que Defensa promovió en la esquina de Capitán Luna con San Justo se tuvieron que ceder y urbanizar los viales colindantes, y que el hecho de que no se hiciese esa entrega no significa que tengan que ser considerados privados (del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas), defendiendo su carácter público, un razonamiento que no es compartido por Defensa.
Pimar, que queda como único propietario en el área de reparto, está obligado por la normativa a urbanizar a su costa el lateral de la parcela que aún está sin ejecutar (prolongación de Velarde) para que todo el terreno tenga la consideración de solar.
La situación en la que están Velarde y Daoiz y plaza de Armas, con viviendas cuya ejecución promovió Defensa, es bastante singular, ya que sus accesos pueden cerrarse (en plaza de Armas hay una valla que regula el paso de vehículos y Velarde dispone de una verja), lo que les da un carácter de vías privadas. El desarrollo de la unidad de ejecución San Justo 6 incidirá en la ordenación de toda esta zona del norte del casco urbano.
