El Consejo Rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, reunido ayer, ha dictaminado a favor de la firma de un convenio de colaboración entre el consistorio cacereño y el Colegio de Abogados de Cáceres, para la creación de una oficina destinada a la prestación de asesoramiento jurídico en asuntos civiles relacionados con ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual. Según la edil de Asuntos Sociales, Marisa Caldera, el acuerdo "servirá para ofrecer soluciones a muchos cacereños que están pasando momentos muy difíciles y que se ven en riesgo de perder un recurso tan importante como su propia vivienda".
El objeto del convenio comprende la prestación de asesoría jurídica a las personas afectadas, por un letrado designado por el turno de oficio previa acreditación de su derecho a ser beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Además, el documento pretende también abrir líneas de comunicación con las distintas entidades financieras para la búsqueda de compromisos que faciliten la continuidad en la vivienda habitual, así como su participación en el programa que elabore el IMAS para su realojo, en caso de ser necesario, "siempre con el objetivo de buscar la solución más favorable en cada caso", explica el ayuntamiento en una nota.
Serán destinatarios del servicio los propietarios y residentes de viviendas ubicadas en el municipio de Cáceres que constituyan su domicilio habitual y permanente, y que puedan verse afectados por situaciones de riesgo residencial o que se encuentren en situación económica desfavorable que pueda dar lugar al impago del crédito.
También pueden acceder a este servicio las personas que, encontrándose en las circunstancias anteriores, deseen negociar con la entidad de crédito nuevas condiciones de pago ante la previsión de impago, tengan recibos pendientes que no hayan sido demandados por la entidad crediticia, o que hayan sido demandados por la entidad por impago de cuotas, a fin de negociar la terminación del procedimiento en la forma más favorable al deudor.
Para el desarrollo de este programa se creará una oficina de asesoramiento en deuda hipotecaria, adscrita al IMAS, que estará integrada por trabajadores sociales de zonas, así como por el personal administrativo de apoyo necesario del propio organismo autónomo.
UN AÑO PRORROGABLE La vigencia del convenio se establece desde su firma hasta el día 31 de diciembre de 2014, y podrá ser prorrogado por periodos anuales por acuerdo tácito. El dictamen ha salido adelante con los votos a favor del PP, y el voto en contra de PSOE e IU.
Este convenio deriva del acuerdo plenario del día 15 de noviembre de 2012, en el que se dio luz verde a la creación de una comisión de arbitraje y mediación municipal que tendrá como finalidad ofrecer un servicio de mediación entre entidades de crédito y afectados por expedientes de desahucio, con el fin de buscar soluciones pactadas que eviten la resolución del contrato crediticio y el consiguiente desahucio.
"Desde el Instituto Municipal de Asuntos Sociales vamos a poner todos los medios a disposición de las personas afectadas por la crisis, para que quienes se encuentran en situación de riesgo de desahucio cuenten con toda la información y el apoyo que les posibilite llegar a la mejor solución posible", afirmó ayer la edil Marisa Caldera, subrayando que el convenio permite ofrecer "un servicio muy necesario sin ningún tipo de coste económico para las arcas municipales".
