El ayuntamiento reforzará la plantilla de la oficina de rehabilitación del ARI para solucionar el atasco sufrido en los últimos meses por la baja por enfermedad de un administrativo, según confirmó el responsable del departamento, José Luis Sánchez de la Calle.

La baja laboral del único administrativo con el que cuenta la oficina desde julio hasta diciembre pasado, sin que fuera sustituido, provocó la paralización de unos 80 expedientes de los que se encontraban en trámites en este departamento.

Aunque el trabajador se ha reincorporado, el ayuntamiento contratará de forma temporal a otro administrativo de la bolsa de empleo municipal para agilizar la tramitación de los expedientes abiertos. Además, Sánchez de la Calle, explicó que la oficina cuenta con el apoyo de personal de otros departamentos con el mismo fin.

"Con estas dos medidas se intenta poner al día la oficina tras el parón administrativo", aseguró su responsable. Asimismo, Sánchez de la Calle informó de la creación de una base de datos con todos los expedientes que pasan por el departamento para evitar que se produzcan situaciones de parón como éstas, la primera en los años de vida de la oficina, y que el administrativo pueda ser sustituido con mayor facilidad.

MENOS EXPEDIENTES Esta oficina abrió durante el año pasado 83 expedientes de rehabilitación, un 20% menos que el año anterior. Esta reducción se debe sólo en una pequeña parte, según Sánchez de la Calle, al problema interno de la oficina, lo que más ha retenido las inversiones en rehabilitación ha sido la incertidumbre en la fiscalidad de la vivienda.

Aseguró, por el contrario, que a pesar del descenso de número de expedientes, el año pasado aumentó la cuantía media de las inversiones por rehabilitación, aunque no pudo facilitar cifras exactas al no haberse concluido el cierre del año.

Por otro lado, advirtió de una posible nueva ralentización de los expedientes y ayudas a la rehabilitación, ésta ya ajena a la propia oficina, ante la sustitución de la Consejería de Vivienda de la Junta de Extremadura por una Agencia de la Vivienda, ya que obliga a una adaptación de impresos y documentos de la misma, entre otros aspectos.

Desde la Junta de Extremadura, de la que dependen las calificaciones de los proyectos de todas las reformas y la concesión de las ayudas, se desmintió ayer este extremo, aunque se reconoció que será necesario un proceso de adaptación pero que, se aseguró, no afectará a los expedientes de rehabilitación.