Javier Olleta y José Antonio Olleta, administradores de la sociedad Construcciones y Aridos Olleta, expresaron ayer su interés en llegar a un acuerdo con el consistorio, que incluso prevea un posible traslado de la cantera de extracción de áridos que la sociedad tiene en las estribaciones de la Montaña. La norma urbanística fija que las canteras deben estar a dos kilómetros del casco urbano. En Cáceres hay sectores en desarrollo y planificados, con una estimación de 16.000 pisos, situados parcialmente a menos de 2.000 metros de la actividad extractiva de Olleta. Los dos empresarios volvieron a denunciar ayer este hecho e insistieron en que son sectores en situación ilegal y en que la Junta, como ocurrió en el 2001 con el residencial Mirasierra, no puede aprobar el nuevo plan general hasta resolver la incidencia de la cantera.

Pero el acuerdo a día de hoy tiene el inconveniente de la diferencia de criterios entre el ayuntamiento y Olleta sobre la legalidad de la cantera, que se está dirimiendo ante los tribunales.

El ayuntamiento considera que la sociedad carece de licencia para la actividad principal, la extracción de áridos, y que no tiene la autorización municipal de instalación y apertura para la citada actividad. En 1997 se ordenó paralizar y precintar las instalaciones, y ayer José Antonio Olleta recordó que en 2003 recibieron una orden de cierre, lo que llevó al recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx.

La sociedad sostiene que desde 1978 cuentan con autorización del ayuntamiento, y José Antonio Olleta añadió que hace siete años obtuvieron una nueva concesión minera para un periodo de treinta años prorrogables.

No obstante, la licencia dada por el ayuntamiento en 1978 fue para la instalación de una planta trituradora de áridos, y este es uno de los motivos de la divergencia. Frente a la valoración del consistorio de que no hay autorización para la actividad extractiva, la interpretación de Olleta es que no sólo se concedió permiso para la planta trituradora, ya que el expediente tramitado en el año 1978 fue para la legalización de la actividad extractiva y no sólo para ubicar la planta.

OTRO PROCESO Pero la licencia no es la única divergencia entre el consistorio y la sociedad, ya que también está abierto el expediente de recuperación por parte de la administración de una finca que considera de su propiedad y que está afectada por la cantera. Los administradores negaron ayer esa propiedad municipal, en su momento presentaron alegaciones al expediente, y recordaron que ni siquiera en los linderos de la superficie que ocupa su actividad aparece suelo propiedad del ayuntamiento.

Esta diferencia entre el ayuntamiento y la empresa trasciende desde hace años al resto de la ciudad por su incidencia en su expansión urbanística. Olleta ha presentado alegaciones a todos los sectores residenciales que se desarrollan dentro del límite de dos kilómetros (Maltravieso, Casa Plata y Vistahermosa, entre los tres suman 2.500 viviendas) y que se planificaron con el plan general de urbanismo en vigor.

El último de los autorizados, y al que ayer se refirieron los dos administradores, es Vistahermosa. Cuando en el 2001 se expuso el programa del residencial, Olleta presentó alegaciones y el consistorio las desestimó por, entre otros motivos, considerar que la cantera no tiene licencia.

Olleta también ha presentado alegaciones al nuevo plan, ya que dos de los sectores residenciales que se planifican entran en el radio de dos kilómetros, el límite de uno está incluso a 200 metros de la cantera. Uno de estos espacios de expansión es de prioridad uno, a iniciarse en uno o dos años, y prevé 7.555 viviendas. El otro sector, con unas 6.000, se ejecutará a más largo plazo (de 15 a 25 años) y hasta que no tenga su consulta de viabilidad es suelo no urbanizable.

Los administadores quisieron ayer trasladar a la opinión pública lo que creen una incongruencia e ilegalidad en la expansión urbanística, que se hace "ignorando" la cantera, precisó Javier Olleta. "No nos oponemos a que la ciudad se desarrolle ni al diálogo", indicó José Antonio Olleta, que no obstante recalcó que cualquier acuerdo no puede afectar a la continuidad de la empresa ni a sus 85 trabajadores, y añadió que en la cantera se usan "dos mil kilos de dinamita a la semana" por lo que no puede haber viviendas próximas.

Por su parte, el alcalde, José María Saponi, se refirió ayer de forma concisa a este asunto al recordar que está en los tribunales y confiar en que no afecta al desarrollo de Cáceres ni a la empresa.