Los grupos de la oposición (PSOE, C's y CáceresTú --Podemos--) reclamaron ayer al gobierno (PP) la depuración de responsabilidades por la tramitación de la compensación de deuda con Mego acordada por resolución de la alcaldía el 18 de mayo de 2012. El pleno aprobó ayer la revisión de oficio de la misma y su anulación para ejecutar el acuerdo del Consejo Consultivo de Extremadura que declaró su nulidad.

Mego pidió la compensación en marzo de 2012. La empresa debía 416.212 euros al consistorio de impuestos y se le habían embargado bienes. El ayuntamiento lo compensó con parte de lo que adeudaba a Mego de una expropiación de 5.186 metros cuadrados enfrente de los juzgados cuyo justiprecio se cifró en 1.792.183 euros por el Jurado de Valoraciones.

El Consejo anuló la compensación porque antes que Mego el que tenía derecho a percibir la deuda por el justiprecio era el Santander, dado que el terreno tiene una hipoteca a favor del banco. El Consejo concluyó en su dictamen que el consistorio prescindió de un trámite esencial al no citar al Santander, titular de un derecho sobre el suelo.

La portavoz de CáceresTú, Consuelo López, recordó como el Consejo califica de "inexcusable" la precipitación con la que actuó el ayuntamiento. Este grupo ya denunció en mayo que en este proceso se cometieron errores.

La edil socialista, María Angeles Costa, aseguró que no se entiende "que a nadie se le ocurriese pedir la nota registral con las cargas de la finca" y precisó que en el expediente "ha habido fallos que nadie está asumiendo".

El concejal de C's, Antonio Ibarra, se refirió al auto del pasado mayo del juzgado de lo Contencioso que no homologó el acuerdo que el 20 de abril alcanzaron el consistorio, Mego y el Santander para el pago de los intereses de la expropiación y para no tener que anular la compensación. Su no aceptación por el juzgado precipitó que el pleno tuviese que votar ayer la anulación. Ibarra especificó que el auto recoge que hubo "graves defectos de forma" en el acuerdo por parte del consistorio, ya que no bastaba con la firma del primer teniente de alcalde al ser una competencia del pleno de la corporación, órgano por el que no pasó.

La edil de Economía, María Guardiola, aseguró que la compensación se hizo en mayo de 2012 "para evitar el cierre de la empresa" por el embargo de bienes que le "impedía ejercer su actividad". Mego entró en concurso de acreedores 6 meses después.

Además explicó que entonces no se solicitó informe a la Secretaría General del ayuntamiento porque la compensación "es una forma de pago y cuando se hace un pago solo se requieren los informe de Intervención y Tesorería, que fueron favorables para que se firmase la resolución de la alcaldía". Añadió que en el expediente de compensación "no se solicita del registro de la propiedad la certificación de dominio y cargo", por lo que cuando se firmó la resolución se desconocía el derecho de cobro del banco.

En el informe que la Secretaría redactó en 2015, cuando se tramitaba el recurso de reposición del Santander, se concluye que la resolución es nula por prescindirse de una trámite esencial como haber citado al banco.

ANULACION La anulación de la resolución dejará al consistorio sin el ingreso de 416.212 euros de la deuda de Mego, pero Guardiola insistió en que ese dinero no se perderá, ya que se incluirá entre los importes pendientes de pago en el concurso de acreedores de Mego, "se cobrará, pero más tarde". Esta afirmación no fue compartida por ninguno de los tres concejales de la oposición, que recordaron como la tesorera municipal afirma en un informe sobre los efectos de la anulación de la compensación que el coste para el consistorio sería de 380.611 euros, ya que esa es la cantidad de la deuda que seguramente no se llegará a cobrar con cargo al concurso por ser créditos generales y subordinados que están entre los últimos en el orden de pago.

Otra consecuencia de anular la compensación es que el consistorio pasa a adeudar a Mego (al concurso) 416.212 euros de la expropiación. El resto, 1.375.971 euros, hasta completar el principal del justiprecio ya lo depositó en el juzgado en 2014. Además aún está pendiente el pago de los intereses derivados de la expropiación. En el acuerdo que no homologó el juzgado se cuantificaron en 615.205 euros, aunque parte corresponden a la Junta.