Los grupos políticos en la oposición mostraron ayer prudencia ante la sentencia que inhabilita a Rumbo, dado que ésta aún no es firme y que contra la misma cabe recurso ante la Audiencia.

No obstante, la portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Heras, lamentó, en el aspecto personal, la sentencia judicial que condena a Joaquín Rumbo, aunque reconoció que, desde el punto de vista político, "no nos ha sorprendido, era algo previsible, pues este ayuntamiento, como ya hemos denunciado repetidamente, funciona muy mal".

Según Heras, "es una práctica bastante cotidiana en la mayoría de los concejales populares reírse un poco de los procedimientos y de las formas", y esta sentencia debe servirles "para darse cuenta de que los trámites, los procedimientos y las formas hay que respetarlos, porque son los que garantizan que las leyes se cumplan bien y con garantías para todos los ciudadanos".

Carmen Heras consideró que, debido a la gravedad de la sentencia, y hasta que se conozca la resolución definitiva del caso, ya que aún no es firme, el concejal debería cesar en su actividad política, aunque dejó claro que es una decisión que, éticamente, debe tomar cada persona.

Por su parte, el concejal de IU, Santiago Pavón, lamentó lo ocurrido y señaló que la consecuencia que hay que extraer de lo ocurrido "es que es preciso defender los intereses públicos, pero hacerlo de acuerdo con los reglamentos; utilizar unos métodos que luego no se vuelvan en nuestra contra", subrayó.

Desde IU se respeta, en el fondo, la acción que Rumbo y Guadalupe Iglesias realizaron, "pues lo hicieron en defensa de un interés público frente a un particular, algo que nosotros compartimos, que respetando los intereses personales se defiendan los públicos". Pero pese a ello, Pavón reconoció que el edil "no ha tenido en cuenta las formas, que son tan importantes como el fondo, pues en ningún caso se puede actuar arbitrariamente".