Una de las principales reclamaciones del sector de la construcción respecto a la edificación de vivienda protegida es que en la ordenanza municipal del impuesto de construcciones, instalaciones y obras no se establecen bonificaciones por la construcción de este tipo de inmuebles, que tienen un precio máximo tasado por la administración autonómica.
Cuando se tramitó la última modificación de la ordenanza fiscal, la federación de empresarios de la construcción solicitó que se introdujeran bonificaciones. Los argumentos fueron que la realización de estas viviendas comporta un gran esfuerzo económico para las constructoras, dado el escaso margen al estar fijados los precios de venta, y que tienen un fin social. El tipo de gravamen que aplica el consistorio es el 3,6% del coste efectivo de la construcción, la obra o la instalación.
