TAtfirma el Ayuntamiento de Cáceres haciendo un incorrecto diagnóstico del problema, que la causa de los ruidos y molestias al vecindario radica en los horarios y en la picaresca en materia de horarios de los establecimientos de ocio, pero los horarios no son en realidad la causa de las perturbaciones que se generan a los vecinos, pues si los establecimientos están bien acondicionados no tienen por qué transmitir ruidos ni provocar molestias.
El verdadero problema es que la gente está en la calle y no se recoge en sus casas a las cinco de la madrugada. Este es el fenómeno social que se debería abordar, aceptando que los locales de ocio, incluso los que abren a las seis de la mañana, lejos de ser la causa del problema son en realidad la solución, pues evitan que la gente esté en las calles y produzca ruidos y molestias al vecindario. En esta línea debería encarar el ayuntamiento las soluciones, exigiendo que los establecimientos estén insonorizados y favoreciendo que la gente pueda recogerse en ellos en vez de estar en las calles.
Sin embargo, el ayuntamiento ha perdido la perspectiva y se propone modificar la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente en materia de Ruidos y Vibraciones de 1997, con pretensión de establecer novedosas y arriesgadas normas en materia de clasificación de establecimientos, así como de horarios de apertura y cierre.
La cuestión es si el ayuntamiento tiene atribuida legalmente competencia para regular esas materias o si la competencia corresponde a la Junta de Extremadura. Es más que dudoso que el ayuntamiento de cada municipio pueda regular a su libre albedrío estas cuestiones, pues sería absurdo que en Cáceres rigieran unos horarios y una clasificación de establecimientos diferentes a Sierra de Fuentes, Malpartida de Cáceres o Casar de Cáceres, por citar los municipios más cercanos a la capital.
¿Se habrán preguntado la alcaldesa y los concejales del Ayuntamiento de Cáceres, así como los técnicos que han elaborado el borrador de la nueva ordenanza, si el ayuntamiento tiene competencia para regular esas materias? No estaría de más que despejasen esta duda mediante consulta a la Junta de Extremadura o solicitando un informe a los servicios jurídicos del propio ayuntamiento, pues un patinazo en este asunto causaría un mal mayor para la ciudad que el que se pretende remediar.
Hay que reflexionar sobre cuál es el problema real y cuáles las soluciones, en vez de recurrir al tópico de culpar a los establecimientos de ocio; y también asegurarse de cuáles son las competencias de los ayuntamientos para regular esas cuestiones sobre clasificación de establecimientos y horarios.
Y otra reflexión ¿será legal que esa nueva ordenanza sea retroactiva y afecte a situaciones y derechos consolidados conforme a la regulación anterior, que ya cuentan con licencia municipal para su funcionamiento? Cuesta trabajo creerlo, salvo que el ayuntamiento destine fondos públicos a indemnizar a los titulares de los establecimientos por la pérdida o limitación de derechos que la nueva regulación pueda comportar.
Sería reprochable que hubiera que abonar indemnizaciones y el problema de los ruidos no se solucionase, sino que se agravase por no existir establecimientos abiertos que evitasen la concentración de la gente en las calles a altas horas de la madrugada.
