La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cáceres abrió ayer las proposiciones del procedimiento negociado convocado para la ejecución de la segunda fase de las obras de reforma en viviendas de propiedad municipal en el barrio de Aldea Moret.
Según informó el consistorio en nota de prensa, se presentaron cuatro empresas y se hizo propuesta de adjudicación a Construcciones Correa Carballo "por ser la mejor".
La adjudicación forma parte del proceso iniciado por el ayuntamiento para desalojar el bloque C de la calle Ródano, el más conflictivo y marginal de Aldea Moret. Las viviendas que se rehabilitarán ahora están dispersas por otros bloques de viviendas sociales dependientes del consistorio y situadas en la misma barriada. Una vez que estén arregladas, las familias que residen de forma legal en el bloque C podrán trasladarse por fin a sus nuevas casas.
La concejala de Asuntos Sociales, Marcelina Elviro, indicó ayer que en el bloque residen en la actualidad siete familias en condiciones de legalidad y que hay otras siete que lo hacen ilegalmente. Los 13 pisos que ahora se van a rehabilitar se ofrecerán no solo a estas familias legales sino también a otras familias que por diversas circunstancias, incluida la permuta, puedan optar a los nuevos domicilios.
La intención del Ayuntamiento de Cáceres es vaciar el edificio del bloque C de la calle Ródano, aunque todavía no está claro el futuro del inmueble. Del desalojo de este edificio se habla desde el 26 de abril del año 2006, día en que el entonces alcalde, José María Saponi, anunció que el ayuntamiento había iniciado los primeros pasos administrativos para proceder al vaciado de las 48 viviendas sociales del inmueble, donde días antes de ese mismo mes una mujer que llevaba meses desaparecida apareció muerta y emparedada en su propio domicilio.
Saponi aseguró en aquel momento que había dado instrucciones a la entonces concejala de Asuntos Sociales, Basilia Pizarro, para que se adoptaran las medidas necesarias encaminadas a resolver la delicada situación que atraviesa este edificio, castigado por la delincuencia, la droga y la marginación, en un estado de conservación lamentable y ocupado en más de un 90% por inquilinos de forma ilegal.
