En junio de 2007 la asamblea de IU aprobaba un pacto de gobierno con el PSOE que daba la alcaldía a la socialista Carmen Heras y la primera tenencia de alcaldía al edil de IU Santiago Pavón. Este miércoles el portavoz socialista, Andrés Licerán, y la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, firmaron un pacto que permite el apoyo de Podemos al presupuesto y que marca unas líneas de actuación en la legislatura que de cumplirse facilita al gobierno en minoría de Luis Salaya contar con los votos de Podemos.

Ni el momento político, ni la ciudad, ni el fin último, ni la personalidad de los firmantes son los mismos, aunque en el fondo los objetivos de ambos acuerdos tienen puntos en común. Pero la diferencia es que el grado de cumplimiento que se exige ahora es menor. Por eso puede resultar.

El escollo es que plantea una revisión de los tributos municipales. Y esa revisión debería afrontarse en 2020 para que entre en vigor a partir de 2021. Revisiones de impuestos y tasas se hicieron en el segundo y tercer mandato de José María Saponi o en el primero de Elena Nevado. En los tres casos forzados por las deudas, parte comprometidas al margen de los presupuestos, a las que tuvieron que hacer frente esas corporaciones.

Desde 2012, con la ley de estabilidad presupuestaria y con los cambios de la ley de contratos, hay más control, se ponen límites a los gastos, ya no se puede acumular deuda que no se afronta y que se deja a la siguiente corporación. La situación de las arcas locales es ahora mejor, pero también el impuesto de plusvalía ya no sirve, el de actividades económicas perdió parte de su capacidad recaudatoria cuando se modificó, el de construcciones se desinfló cuando pinchó la burbuja y las tasas se deben ajustar al coste del servicio.

El margen de la revisión tributaria que lleva implícita el acuerdo firmado el miércoles es escaso. Se reduciría al IBI, al rodaje y a la creación de nuevas tasas y actualización de algunas. La ventaja es que su cumplimiento no necesita de grandes recaudaciones. Solo hay una gran infraestructura, el desarrollo de la Ribera del Marco, que ni esta corporación ni las siguientes podrán afrontar. Su recuperación para que pueda ser de verdad una zona verde solo se podrá atender con cofinanciación de otras administraciones y con un proyecto sin un presupuesto irracional, que es lo que ha pasado con las ideas presentadas en las últimas décadas.

Muchas de las medidas del pacto no llevan aparejada una partida presupuestaria. Son compromisos de gestión, de voluntad política, aunque falten necesidades de la ciudad, como criticó la oposición al recordar que se olvidan acciones que dinamicen el tejido empresarial o que atraigan inversiones. Impulsar la peatonalización, el desarrollo efectivo del plan de rescate, redactar un catálogo de necesidades en barrios, crear la marca ‘Cáceres, ciudad de los festivales’ o que los servicios de atención ciudadana se presten por funcionarios y no por temporales son medidas de gestión.

Hay otras cuyo cumplimiento será más complicado, aunque haya voluntad. Se pueden estudiar los servicios externalizados cuyos contratos acaben en esta legislatura para que su gestión vuelva a ser pública. Otra cosa es que pueda hacerse por el coste y los límites para aumentar la plantilla. El ayuntamiento puede intervenir en el mercado del alquiler, pero dentro de los límites de la legislación estatal, y tampoco dispone de suficientes inmuebles para crear un parque público de alquiler.

Ampliar el presupuesto del consorcio Cáceres Ciudad Histórica requiere más ingresos, lo mismo que cubrir las vacantes en la plantilla del ayuntamiento, ampliar el crédito de las ayudas de urgencia social o reducir a la mitad la lista de espera de la ayuda a domicilio. Aquí sí entra ese primer punto del pacto de revisión fiscal.

El pacto que en 2007 firmaron PSOE e IU solo duró dos años. Se rompió en julio de 2009. Aunque fueron varias las causas, el detonante fue la gestión del servicio del agua. Estudiar la reversión a manos públicas de la gestión de servicios municipales es un punto del pacto. La situación no es la misma que la de 2009, pero el resultado sí puede serlo cuando no pueda hacerse esa reversión, aunque en este caso no habrá ruptura. La clave de este acuerdo es la financiación y cómo se mete mano a la tributación y a la organización de la plantilla y a los contratos de concesión para ajustar los costes.