La pareja que el pasado 30 de agosto sacó por la fuerza a sus tres hijos --dos niños de 7 y 5 años y una niña de 10 meses-- del Centro de Acogida de Menores Julián Murillo, de Cáceres, y sobre la que ahora pesa una orden de alejamiento de los pequeños, desea poder verlos y por ello lucha su abogado en el Juzgado.

Tras el rapto de los pequeños, Julián Prieto Batuecas, de 41 años, y Sonia Batuecas Julián, de 29, huyeron de Cáceres y, dos días después, fueron detenidos en Avila, donde la titular del Juzgado de Instrucción número 1 decretó su ingreso en prisión.

Tras 23 días en la cárcel, el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres, encargado de este caso, decretó su puesta en libertad provisional, pero estableciendo la prohibición para la pareja de comunicar con los pequeños y de acercarse a menos de 200 metros de ellos o del centro en el que se encuentran acogidos.

Ahora, contra el auto de libertad provisional se ha presentado ante el Juzgado un recurso de reforma. Así lo confirmaron ayer a EL PERIODICO fuentes de la defensa de los padres, que matizaron que la petición concreta es "que se deje sin efecto la orden de alejamiento y se vuelva a establecer lo fijado por la Junta con anterioridad a estos hechos, es decir, que se les permita visitar a sus hijos una vez al mes".

SITUACION ACTUAL Sobre la situación del proceso judicial, las mismas fuentes señalaron que continúa la fase de instrucción, con la toma de declaraciones, estudio de recurso, así como la realización del informe psicosocial de los padres y los niños solicitado por el fiscal y la defensa.

Por otra parte, la defensa adelantó a este diario que su intención es solicitar que no se les acuse de un delito de sustracción de menores --castigado con entre 2 y 4 años de prisión--, sino de un delito de realización arbitraria del propio derecho --que se castiga con pena de multa de seis a 12 meses--, "pues ellos entendían que como padres estaban en el derecho de recuperar a sus hijos y actuaron, sin pensarlo, fuera de las vías legales".

En cualquier caso, si finalmente se les acusa de un delito de sustracción de menores, la defensa pedirá la aplicación de atenuantes, tales como la de "actuar por estímulos de arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante".

Mientras tanto, los niños siguen en el Julián Murillo. Según confirmó este diario, se encuentran en perfecto estado y los dos mayores acuden normalmente al colegio. La Junta no quiso pronunciarse sobre el asunto. Los padres han cumplido hasta ahora la orden de alejamiento y el centro no va a ampliar las medidas de seguridad. Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Santos Parra, insistió en que el ayuntamiento ofreció al padre de los pequeños trabajo en la constructora Abreu y dijo que Julio Prieto no se había vuelto a poner en contacto con el consistorio. La edil de Asuntos Sociales, Basilia Pizarro, señaló que los padres no habían acudido al Instituto de Asuntos Sociales.