Tras varios meses de reclamaciones y luchas "sin resultados" para exigir y defender "los derechos de nuestra hija", los padres de una niña de seis años que sufre Trastorno del Espectro Autista (TEA) "y ha sido irregularmente escolarizada, sacada del colegio en el que llevada dos cursos y trasladada a otro sin nuestro consentimiento", han decidido ponerse en manos de un abogado. Aseguran que intentan que el asunto se resuelva legalmente vía administrativa, pero advierten que de no recibir respuesta acudirán a la vía judicial.

La primera acción de Ana Belén Salas y Francisco Félix Pérez, explicó su abogado, el letrado cacereño Angel Luis Aparicio, ha sido solicitar a la Administración regional que se anule, y revise, la resolución de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura del 17 de junio de 2010 "por la que se les obliga a escolarizar a su hija en el centro de educación especial Proa sin su consentimiento".

Según explicaron, su hija Elena fue escolarizada el curso 2007-2008 en el Colegio Público Francisco de Aldana, escolarización que completaba acudiendo tres veces por semana al aula estable de educación especial que existe en el Colegio Público Donoso Cortés. Pero tras dos cursos "sin ningún problema", hizo constar Ana Belén Salas, "los responsables provinciales de Educación nos consultaron en junio sobre la posibilidad de trasladarla a Proa, algo con lo que nos mostramos en desacuerdo". Les aseguraron que sin su consentimiento a la niña no la podrían trasladar, "pero el día en que se iniciaba el curso me encontré que no pude dejar a la niña en su colegio de siempre porque, según me comunicó la directora, Educación les había informado que Elena pasaba a Proa".

Los padres, en desacuerdo, decidieron no escolarizar a la niña hasta que no les escuchen y se les de una explicación. De momento, su abogado ha pedido ya la anulación de la resolución administrativa de la Junta por la que se escolariza a la niña en Proa, "ya que esto no puede hacerse sin la autorización de los padres, y lo han hecho".

De no atenderse su demanda en un plazo de 15 días, acudirán a la vía judicial, anunció Aparicio, que opina que en este caso se podría estar cometiendo "un delito de prevaricación, al tomarse una decisión a sabiendas de que es injusta", además de "coacciones a los padres, para que lleven a su hija a un centro que no consideran apropiado para sus necesidades".