TNtos hemos comprometido colaborar con el Periódico Extremadura sobre temas que llenen al lector de nostalgia, a la vez que puedan hacer sonreir. Una sonrisa que les aparte, aunque sea momentáneamente, de los graves problemas que nos afectan a todos. Dentro del anecdotario cacereño hemos de destacar, por la trascendencia jocosa del caso, a uno de los personajes, principal protagonista de lo acaecido, que habría de convertirse con el tiempo en el patriarca de una conocida familia de la progresía cacereña, algunos de cuyos miembros han tenido puestos relevantes en la vida pública y política española como Antonio Hernández-Gil, presidente de las Cortes, o su hermano Fernando Hernández-Gil, magistrado del Tribunal de lo Social. Hemos de destacar a otro miembro de esta familia como el arquitecto Dionisio Hernández-Gil, que rompía la cadena continuista de abogados, jueces y fiscales.

Nuestro personaje no es ni más ni menos que don Romualdo Hernández Serrano, que en aquel entonces era Fiscal-Jefe de la Audiencia Provincial de Cáceres. Cuentan que por aquel tiempo Don Romualdo presidía la acusación pública de un hecho luctuoso e invitó a uno de los testigos a que subiera al estrado a testificar diciéndole: "Identifíquese con nombre, apellidos y profesión". Nuestro buen hombre dijo llamarse Juan Pérez Sánchez (este nombre es supuesto porque yo no había nacido aún) "de profesión capaó para servirle a Dios y a usted". Ni que decir tiene que nuestro ilustre e insigne fiscal contestó con una frase lapidaria llena de humor: "Gracias, pero este ministerio no precisa de sus servicios".

La anécdota tuvo gran resonancia en los círculos sociales y sobre todo en el mundo de la judicatura y de la fiscalía. Hoy, por desgracia, no se habla precisamente bien de los tribunales. Parece que sus miembros están hechos de otra madera y faltos de humor.