El grado de cumplimiento del plan general de urbanismo en vigor desde el año 1999 es aceptable, especialmente en uno de sus principales objetivos: terminar con las islas de suelo sin desarrollar que quedan dentro del casco urbano. La consecución de este fin explica la transformación ocurrida en los últimos años en el Rodeo, Perú, Refugio, el cuartel de Infanta Isabel o en la huerta del Conde.

Pero hay tres excepciones a destacar. La primera son los bordes de suelo que completarían Aldea Moret, su falta de desarrollo se explica por su desvalorización que coincide con la concentración de viviendas sociales tras las dos grandes promociones entregadas en 1987 y 1996. La segunda es la cárcel vieja, y la justificación es que primero se tiene que construir un nuevo centro de inserción social, que se proyectó junto a Cáceres II. La tercera es la parcela pública que está en el polígono de Cabezarrubia.

Esta parcela es la mejor situada de todos los espacios en suelo urbano que no se han desarrollado. Su utilidad actual es para fines administrativos y cochera. Aquí está el servicio territorial de la dirección general de Infraestructuras de la Junta y el parque de maquinaria del Ministerio de Fomento.

La parcela ocupa una superficie superior a 11.000 metros cuadrados, algo mayor que una hectárea. El plan en vigor reserva este terreno para usos residenciales, con un número de viviendas estimadas de 56 y con una altura de seis plantas, y además lo ordena con zonas verdes que ocupan algo menos de la mitad del total de la superficie.

Lo que permite el plan desde su aprobación hace seis años es sustituir los usos existentes por otros residenciales, y crear nuevos espacios libres en los bordes del actual cruce de la avenida Ruta de la Plata con la N-521.

Pero en este tiempo, al menos oficialmente, ninguna de las dos administraciones que ocupan este solar, ni Fomento ni la Junta, han hecho pública su intención de dar a esta parcela el fin previsto en el plan u otro diferente con una variación de la norma.

El valor de esta parcela en el mercado de vivienda libre sería millonario. En 1998, el ayuntamiento vendió en subasta la parcela colindante por 4,3 millones. No obstante, desde la entrada en vigor en el 2002 de la ley regional del Suelo su futuro está condicionado, ya que los bienes que integran el patrimonio público de suelo deben destinarse a viviendas que tengan algún régimen de protección oficial, a utilidades declaradas de interés público o a otras, incluso lucrativas, admitidas en el plan de urbanismo. También queda la vía de los proyectos de interés regional, utilizada ya en dos ocasiones por la Junta en Cáceres, aunque su fin también estaría regulado por una ley que tiene unos condicionantes sociales.

A día de hoy, y a falta de la aprobación del nuevo plan, la parcela es residencial. No obstante, la Junta y el Estado pueden mantener su uso actual (administrativo y para parque de maquinaria), como también plantear otros como, por ejemplo, un gran centro administrativo (el único que hay en la ciudad es el Múltiple, que ha quedado junto a la principal área de esparcimiento de Cáceres), para fines terciarios (como un comercial o un empresarial que tenga una justificación social por los empleos que se creasen) para dotaciones (de ocio, salud, culturales, educativas, deportivas o asistenciales) o para destinarlo, ya que desde la administración autonómica se ha recordado a los ayuntamientos la necesidad de contar con suelo, para pisos con algún régimen de protección pública.