La pareja acusada del secuestro de sus tres hijos (dos niños de 7 y 5 años y una niña de 10 meses) del Centro de Acogida de Menores Julián Murillo de Cáceres, obtiene la libertad provisional. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cáceres, encargado del caso, así lo ha decretado, pero estableciendo la prohibición expresa para los padres de acercarse o comunicar con los menores mientras dure la instrucción de la causa.

La orden de puesta en libertad de Julio Prieto Batuecas, de 41 años y natural de Teruel, y Sonia Batuecas Julián, de 29 años y natural de Barakaldo, se ha producido 23 días después de que la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Avila decretara para ellos la prisión provisional.

Ambos ingresaron el pasado día 2 de septiembre en el centro penitenciario de Brieva (Avila), aunque Julio Prieto fue posteriormente trasladado al centro penitenciario de Cáceres.

El pasado viernes, 24 de septiembre, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres decretó su puesta en libertad provisional, "por no tener antecedentes y existir la posibilidad de que este proceso se dilate", indicaron ayer a EL PERIODICO fuentes judiciales.

Aunque en un principio la instrucción de la causa se presuponía rápida, "el hecho de que el fiscal haya pedido una serie de diligencias complementarias y diferente documentación para su examen, como el expediente por el que la Junta privó a esta pareja de la guarda y custodia de los niños, puede dilatar el proceso, y es por ello que se ha decidido su puesta en libertar", indicaron las mismas fuentes.

No obstante, se estima que la instrucción podrá estar concluida, para su remisión al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia --dependiendo a quien corresponda el enjuiciamiento del caso--, dentro de un par de semanas.

LOS HECHOS Como ya informó este diario entre los días 31 de agosto y 4 de septiembre, Julio Prieto y Sonia Batuecas se llevaron el 30 de agosto a sus hijos del Centro de Acogida de Menores Julián Murillo de Cáceres, dependiente de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura. Lo hicieron por la fuerza, durante una visita y tras agredir a un vigilante.

La pareja fue detenida dos días después, concretamente al mediodía del 1 de septiembre, en Avila. Al día siguiente pasaron a disposición judicial, decretando la juez titular del Juzgado 1 de Avila su ingreso en prisión.

Ahora estarán en libertad provisional a la espera de ser juzgados por un delito de sustracción de menores, por el que se enfrentarán a penas de prisión de entre 2 y 4 años, y a la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de 4 a 10 años.