Como venimos anunciando, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de regulación del sector eléctrico que, según José Manuel Soria, recoge ventajas para dicho sector -que, al parecer, sólo lo forman las grandes compañías eléctricas y no los consumidores, ni los fabricantes de sistemas de renovables, ni los instaladores--. Con la excusa del 'déficit tarifario' se genera un artificio contable que incrementa los beneficios de las eléctricas, mientras los consumidores pagan el kWh más caro de Europa.

Los 'windfall profit' (beneficios caídos del cielo) surgen de la valoración de la electricidad en el mercado 'spot' por el que un kWh que cuesta producirlo 0,3 y 1,8 céntimos de euros a las grandes hidroeléctricas y a las nucleares, respectivamente, se les abona luego a más de 6. Y si el déficit tarifario es el coste de producción de electricidad más alto de todos, ¿qué pasa con la diferencia entre el coste de producción más caro y el más barato?

Pero el colmo del rizo es el nuevo peaje llamado de respaldo, destinado a incrementar el término fijo de la factura eléctrica a los consumidores de energías renovables, con instalación propia -de un 30% de la factura actual a un 50% según algunos estudios-, que justifica Soria diciendo que "si se enganchan significa que puede en un momento determinado utilizarla, y si la utiliza lo lógico es que la pague". Pero ¿no se pagan ya cuotas de potencia, derechos de acometida y se ceden gratuitamente las líneas de conexión a las eléctricas? o ¿es que hay que castigar a quienes tengan una instalación solar fotovoltaica porque supone una merma de 1000 euros de ingresos anuales para las grandes eléctricas?

A pesar de las protestas de los consumidores y del posicionamiento en contra del Consejo Nacional de la Energía y de la Comisión Nacional de la Competencia, el proyecto sigue adelante. Y ello, como hemos venido advirtiendo, tendrá consecuencias directas sobre los futuros ciudadanos: les entregaremos un planeta más contaminado, al favorecer la energía producida con combustibles fósiles y las emisiones de CO2, se perjudicará al empleo y se retraerá la economía del país y el desarrollo tecnológico autóctono, eliminando empresas especializadas en energías renovables.