Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular imputan a cada uno de los dos acusados un delito de asesinato, con la concurrencia de alevosía, por el que piden 18 años de prisión la fiscal y 20 años el letrado de la acusación particular; así como también un delito de allanamiento de morada --para entrar en la casa del fallecido presuntamente echaron la puerta abajo--, por el que solicitan para cada uno dos años más de prisión. Solicitan asimismo el pago de 150.000 euros de indemnización a los familiares del fallecido.

Los abogados defensores de los acusados mantienen su inocencia y piden su libre absolución, o en todo caso la acusación por un delito de lesiones. Mantienen que no se puede asegurar "sin ningún género de duda" que el hombre al que golpearon falleciera a consecuencia de dichos golpes. Basan su apreciación en que no murió en el acto, que nadie sabe lo que ocurrió desde los golpes y el momento en que fue atendido por primera vez en su propio domicilio, "ni si el golpe que sufrió en el baño del hospital el mismo día que murió pudiera ser la causa".