El historiador cacereño Antonio Manuel Barragán-Lancharro, que denunció la retirada de un escudo de España de la fachada del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), envía un escrito a la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, en la que se le solicita la "suspensión de la licencia de obras" en este edificio.

Según la agencia Europa Press, Barragán-Lancharro detalla que el escrito es un "amplio informe" jurídico-histórico de trece folios que justifica la permanencia en su lugar original del blasón, y que aporta como parte del apéndice gráfico una imagen del boceto en barro cocido ejecutado por el artista Pérez Comendador.

Esta figura, que es una miniatura, forma parte de los fondos de la Fundación Eduardo Capa (Arganda del Rey), que está "considerada como la más importante colección de escultura española del siglo XX", señala el historiador.

El historiador ha vuelto a registrar en diversos organismos oficiales otras tantas denuncias "para evitar que prosiga el expolio del escudo de España diseñado por el artista extremeño Enrique Pérez Comendador".

Además de en el Ayuntamiento de Cáceres, el historiador ha elevado otro escrito al Ministro de Justicia, en el que también solicita que cesen las obras, ya que "vulneran los tres principios establecidos en el acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2008".

Según Barragán-Lancharro, estos principios "permiten excepcionar estos símbolos cuando sean bienes de interés cultural" y señala que "los escudos en Extremadura lo son por ministerio de la Ley". Además, apunta que también se excepcionaría "al formar parte del edificio (se instaló al mismo tiempo que se levantó el lienzo de pared) y por tener un alto valor artístico, dada su peculiaridad, singularidad y rareza".

Finalmente, anuncia que el tercer escrito es una protesta dirigida al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sobre la comunicación dirigida por la directora general de Patrimonio Cultural a Barragán-Lancharro con fecha 19 de enero.

Un escrito en el que la directora general "se inhibe de las propias competencias de defensa del Patrimonio Histórico encomendadas en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Patrimonio Histórico de Extremadura", una actuación sobre la que ha elevado una queja al Defensor del Pueblo.