Piden dos años y seis meses de cárcel para el exdueño del club Pasarón por tener presuntamente a nueve mujeres trabajando en las instalaciones sin contrato. En el juicio que se celebró este jueves en la Audiencia Provincial, la fiscalía, personada como única acusación particular, reiteró la petición de pena de prisión y de una multa de nueve meses con una cuota diaria de diez euros por un presunto delito cometido contra los derechos de los trabajadores. También reclama el fiscal que indemnice a la Tesorería de la Seguridad Social por las cuotas que no ha ingresado por las trabajadoras.

La vista tuvo lugar en la sala de jurado y ante el juez compareció el acusado, dos mujeres que se hospedaban en el club y presuntamente trabajaban con el exdueño, los policías y el inspector de Trabajo que intervinieron en un registro en 2017 en el que la acusación advirtió de la presunta irregularidad de la que se le acusa. Según defendió el fiscal, el 10 de octubre de ese año funcionarios de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizaron una inspección conjunta al club Pasarón, entonces regentado por el acusado como responsable de Hospedaje Extremeño 2016 S. L. U. En el momento del registro se encontraban trece personas trabajando en el local y solo cuatro de ellas se encontraban dadas de alta en la Seguridad Social, la cocinera, recepcionista y dos camareros. Las nueve restantes, todas mujeres, «venían realizando labores de alterne captando clientes para el consumo de bebidas en el bar sin estar dadas de alta con carácter previo, independientemente de los acuerdos que dichas mujeres tenían con el acusado por el desarrollo de actividades de índole sexual».

En su declaración ante el juez, el acusado negó los hechos, desmintió que hubiera ninguna relación laboral con las nueve mujeres y reiteró que eran clientas y que se hospedaban en el club. Las dos mujeres que testificaron sí corroboraron que se alojaban en el hostal en ese periodo pero precisaron que sí existía un acuerdo por el que ellas y el club se repartían a la mitad las ganancias de las consumiciones de las copas de los clientes. Los agentes de policía suscribieron este último extremo y ratificaron que se encontraron justificantes en el registro con cantidades junto al nombre de las mujeres correspondientes, presuntamente al adeudo por las copas. El juicio ha quedado visto para sentencia.