Belén Lozano fue concejala de Contratación y Patrimonio en el segundo gobierno de Saponi y se encargaba además del control del gasto, con funciones en materia de economía junto con su compañero Juan del Pozo. A su delegación se la conocía como la macroconcejalía. Durante la primera mitad de la legislatura siguiente, el concejal Felipe Vela tuvo las competencias de Contratación, Economía y Hacienda. En el anterior gobierno municipal fue el concejal Lorenzo de la Calle el que tuvo las delegaciones de Economía, Hacienda y Patrimonio, además de ser portavoz.

Ese papel de concejal con una o más competencias claves lo tiene en esta legislatura José María González Floriano, aunque con una diferencia respecto a sus antecesores: también tiene las funciones de Urbanismo. Economía, Contratación y Urbanismo son tres de los pilares en la gestión del consistorio y este trio se apoya esta legislatura en el mismo concejal, que no es uno de los tres con dedicación exclusiva plena.

González Floriano es un neófito en la política activa, pero su trayectoria profesional en la diputación provincial le ha permitido conocer la administración desde dentro. La designación de su compañero Sergio Velázquez como secretario general de Empleo de la Junta de Extremadura llevó a que a sus funciones en Urbanismo y Contratación se sumase Economía.

Pese a que la alcaldesa, Elena Nevado, precisase el pasado mes de julio que presidirá la comisión informativa de Economía y que estará muy encima de esta delegación, la asignación de este área y las funciones de control de gastos menores de tres mil euros las tiene González Floriano (por encima de esta cifra esta supervisión es competencia de la junta local de gobierno).

Aunque Valentín Pacheco y Jorge Carrasco sean los concejales más próximos a la alcaldesa, las principales decisiones que se tienen que tomar al comienzo de la legislatura pasan por las delegaciones de Floriano, la única excepción es el consorcio de la ciudad monumental.

Las dos decisiones más importantes que debe adoptar el gobierno de Nevado antes de que finalice el año son en materia económica. La primera es la subida de la tasa del agua, que además está vinculada a Contratación porque tiene su origen en la nueva concesión del servicio. Esta subida conllevará un rechazo social por el porcentaje de incremento, que puede rondar el 40%. Luego está la elaboración de los presupuestos del 2012, los primeros después de dos años seguidos con cuentas municipales prorrogadas.

El presupuesto del 2012 tiene además otros inconvenientes. El primero es que de la participación en los impuestos y de los fondos que el Estado asigna a Cáceres, que con el IBI son los principales ingresos corrientes del ayuntamiento, se pueden restar parte de las cantidades que el Ministerio de Economía dio a cuenta de más en los años 2008 y 2009 (esta fue la solución que se aplicó hace un año).

El segundo es que la liquidación del 2010 tiene un remanente de tesorería negativo de ocho millones, lo que puede provocar que el presupuesto del próximo año se tenga que sacar con un superávit similar a esa cantidad para compensar este déficit (no solo habría que recortar gastos, sino planificar unas cuentas en las que los ingresos superen en ocho millones a los gastos). La opción de recurrir a una subida de impuestos, salvo el IBI en

2009 llevan años sin tocarse, se complica por el efecto negativo que tendrá la subida del agua.

El tercero es que los presupuestos del 2009, los últimos aprobados y que se han prorrogado en 2010 y 2011, se equilibraron con una aportación prevista del canon del agua de 8,5 millones, pese a que no se llegó a recibir en ese ejercicio.

Este canon cuenta con dos plazos. El primero, de 30,2 millones, se tendrá que pagar al ayuntamiento por la empresa adjudicataria del servicio, Acciona, en unos meses. El segundo, de 7,5 millones, se percibiría el próximo año. Este segundo plazo puede servir para salvar el presupuesto del 2012, aunque comprometería el dinero a gastos del ejercicio y no a deuda de años anteriores.

Pero no solo está el presupuesto y la subida del agua. En las próximas semanas se tendrá que tramitar el plan especial de las Carmelitas, que afecta a la operación de El Corte Inglés y que es una competencia del área de Urbanismo.

Además se tendrá que producir el traspaso de Canal de Isabel II a Acciona en la concesión del servicio del agua, que es una función de Contratación, y todavía está pendiente dar una solución a la revisión de precios de contratos de los principales servicios en concesión, actualizaciones que en algunos casos llevan años de retraso y que inciden en la deuda que las empresas concesionarias reclaman al ayuntamiento, como ha pasado recientemente con la deuda con Canal.