El pleno de la corporación local aprobó ayer el plan de ajuste exigido por el Ministerio de Hacienda para que el ayuntamiento pueda acogerse al real decreto ley de junio de 2013 para el pago de deuda a proveedores. Su aprobación era un paso obligado para que se pueda concertar un crédito para pagar los 2,8 millones que se deben a los 10 proveedores que están de acuerdo con cobrar mediante este sistema de pago, que obliga a la renuncia al cobro de intereses y de otros gastos derivados de la deuda. El número de acreedores que se han acogido a esta fórmula de pago ha estado por debajo de lo previsto. Pero el plan de ajuste es mucho más. Marca las proyecciones con los gastos e ingresos para los próximos diez años. Así este plan anticipa un recorte de 3,3 millones en las obligaciones reconocidas netas por gastos corrientes en 2014 respecto a las del presente año.
También adelanta que a partir de 2014 y en sucesivos ejercicios presupuestarios hasta 2023 habrá una congelación del gasto corriente con incrementos anuales máximos de un 1%, salvo excepciones como la del año 2016, en el que se prevé que ese incremento sea ligeramente superior. En los gastos corrientes se incluyen los de personal, bienes y servicios, gastos financieros y transferencias a organismos autónomos que dependen del consistorio y a consorcios y subvenciones. En el plan se menciona que esta congelación en el gasto afectará al capítulo de bienes y servicios y al de transferencias.
En cuanto a los ingresos corrientes, los que proceden de impuestos, tasas y transferencias de fondos del Estado, el plan prevé que los derechos reconocidos netos por dichos ingresos caigan en 4,5 millones en 2014 respecto a las proyecciones para 2013. Esto explica que hasta el año 2015 no se puedan aprobar presupuestos con superávit (con mayor previsión de ingresos que de gastos) para ir reduciendo el déficit de tesorería, que es otro de los fines del plan de ajuste al que está obligado el ayuntamiento, ya que no había cumplido ninguna de las tres condiciones que fija la Ley de Haciendas Locales cuando el último ejercicio liquidado tiene remanente de tesorería para gastos generales negativo (la liquidación de 2012 tuvo un déficit de 15,5 millones).
Otras dos magnitudes destacadas del plan es que durante su vigencia se prevé un ahorro neto positivo (diferencia entre ingresos corrientes menos gastos corrientes y amortización de créditos) y que desde este año el plazo medio de pago a los proveedores se ajusta a los 30 días a los que está obligada la administración local, aunque en el mismo plan se reconoce que "será difícilmente alcanzable este objetivo si no hay mayor financiación para la administración local".
En relación a la deuda viva por las operaciones de crédito y por el endeudamiento a largo plazo, el plan recoge la caída que se producirá hasta el año 2015, cuando se cancelarán los seis créditos concertados en 2009 para el pago de deuda, y el aumento que habrá desde 2016 por una nueva operación para el pago de expropiaciones por valor de 10,9 millones de euros.
DEBATE EN EL PLENO El portavoz del gobierno, Valentín Pacheco, defendió la necesidad del plan por tratarse de "una cuestión institucional, no solo de quien está gobernando, es responsabilidad de todos pagar -esa deuda a proveedores-". Recordó que si el ministerio no aprueba el plan y no autoriza la concertación de un crédito de 2,8 millones, el resultado será que quitará este importe de lo que mensualmente aporta al ayuntamiento por su participación en los ingresos del Estado. El PP, que tiene mayoría, fue el único que votó a favor del plan.
El concejal socialista Víctor García recordó que el real decreto que regula este plan de pago a proveedores obliga al ayuntamiento a reducir en al menos un 5% los gastos corrientes correspondientes a los capítulos 1 (personal) y 2 (bienes y servicios) en el primer ejercicio presupuestario afectado por el plan de ajuste y a no aumentarlo en los dos siguientes.
García Vega precisó que en el texto del plan de ajuste se hace mención a la congelación de los gastos del capítulo 2, pero no se hace referencia a los efectos que tendrá en el de personal. Y añadió que otras consecuencias serán una subida de las tasas por los servicios municipales y que el incremento del 10% en la cuota del IBI se mantendrá hasta 2023, fecha de finalización del plan. Esta revisión del tipo impositivo se iba a aplicar inicialmente para los ejercicios 2012 y 2013 y posteriormente se amplió a 2014 y 2015.
Justificó estas consideraciones por el articulado del real decreto, que establece que el ayuntamiento está obligado a financiar íntegramente el coste de los servicios públicos mediante tasas y precios públicos (lo que, salvo ajustes y recortes de gastos, conllevaría aumentos anuales conforme al IPC), a no suprimir ninguno de los tributos que se haya exigido en 2013, a que solo se podrán aprobar medidas que provoquen un incremento del importe global de las cuotas de cada tributo y a que deberá aprobarse para cada año un tipo de gravamen en el IBI que garantice al menos el importe global de la cuota íntegra del ejercicio anterior (lo que supone que al menos se tendrá que mantener el tipo impositivo del 0,82% sobre el valor catastral, que es el que se aplica desde la subida del 10% en vigor desde 2012, salvo revisión de valores catastrales).
La concejala de IU, Margarita González Jubete, explicó el rechazo de su grupo al plan porque supone la concertación de una nueva operación de crédito con los gastos financieros que conlleva, se prevé un tipo de interés del 6%. Recordó que el ayuntamiento renunció hace un año a presentar un plan de ajuste ante Hacienda cuando se tramitó el anterior plan de pago a proveedores y que entonces se optó por pagar con fondos propios (con el canon del agua) más de once millones, precisando que "no tiene sentido" ir ahora a un crédito de 2,8 millones que al final supondrá "tener que pagar dinero a la banca".
RIFIRRAFE AL FINAL A la finalización del pleno, en la intervención de la alcaldesa, se produjo un rifirrafe entre representantes del grupo socialista, que se levantaron de sus asientos, y del gobierno.
