Su principal medida es la ampliación de la cantidad que se destina a cubrir ayudas para garantizar mínimos vitales de la población (suministro de gas, agua, electricidad, alimentación, vestido, mobiliario...). Hasta ahora había 190.000 euros en Asuntos Sociales que se reservaban para este tipo de prestación. La partida se amplía a 638.166 euros. Además en el plazo de seis meses se tendrá que elaborar una ordenanza donde se regulen los procedimientos, criterios y plazos de concesión de las ayudas.
Entre las medidas tributarias se da un plazo de tres meses a los servicios económicos del ayuntamiento para estudiar la posibilidad de aplicar exenciones en las tasas o precios públicos a favor de familias con ingresos inferiores al SMI.
