Casi un trimestre después de su llegada a las aulas, Educación para la Ciudadanía sigue en el centro de la polémica. Así ocurre en Cáceres, donde la Plataforma Independiente de Padres Objetores a EpC asegura que 74 familias de la capital y la provincia cacereña ya han formalizado su objeción a esta asignatura, que afectaría a unos 200 escolares extremeños. Desde Educación, sin embargo, reducen esta cifra a "una solicitud y cuatro comunicaciones de objeción", una opción que, recuerdan, "ni siquiera existe en el ordenamiento jurídico".
Para los responsables de la plataforma cacereña, Fernando Bernáldez y Teresa Cañas, "el Estado usurpa a los padres el derecho de educar libremente a nuestros hijos" con la polémica materia. Así lo proclamaron en una entrevista publicada el domingo en este diario y volvieron a repetirlo ayer, en la rueda de prensa en que presentaron la conferencia que el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, impartirá hoy en Cáceres bajo el título Objeción para una educación en libertad .
A su juicio, es necesario informar a los padres de los contenidos de Ciudadanía "para que puedan decidir libremente y en conciencia" sobre si sus hijos deben asistir a esa clase. Su objetivo es alcanzar, junto al resto de asociaciones de este tipo que han surgido en todo el país, el número de objeciones suficientes (en torno a 100.000, según estiman) para que esta materia deje de ser obligatoria y evaluable.
Sin embargo, el delegado provincial de Educación, Enrique García, recuerda que hoy por hoy "la posibilidad de objetar a una asignatura no existe en el ordenamiento jurídico, por lo que los alumnos no pueden dejar de cursarla, ni tienen opciones alternativas". Además, García reduce a cinco las solicitudes (una) y comunicaciones (cuatro) de objeción a Ciudadanía registradas en toda la provincia y recalca que, en general, "se está impartiendo con normalidad absoluta".
