Los doce concejales del PP y el edil de IU enterraron ayer el concurso para adjudicar la gestión del servicio municipal del agua, que se convocó en agosto, aunque el proceso se inició antes, en la primavera de 2009. Estos trece ediles, que son mayoría en el pleno de la corporación local, aprobaron una moción de urgencia del PP que propone desistir del concurso e iniciar uno nuevo.

Este acuerdo obliga al gobierno municipal. Pero los dos partidos que lo forman, PSOE y Foro Ciudadano, no solo no apoyaron la moción del PP, sino que calificaron de ilegal la decisión tomada por el pleno. La ejecutividad de lo aprobado ayer no será inmediata, de momento el gobierno ya ha anunciado que tomará las medidas jurídicas necesarias y contra este acuerdo caben recursos de las empresas que concurren (Acciona, Aguas de Cáceres, Aqualia y Canal de Isabel II).

La moción del PP se apoya en el artículo 139 de la Ley de Contratos del Sector Público, que regula que para desistir de un concurso se tiene que fundamentar en una infracción no subsanable y que solo se podrá renunciar a la celebración de un contrato si hay razones de interés público.

Según se desprende de la moción, el concurso tiene un defecto desde que se convocó a causa de la redacción de los pliegos, lo que ha llevado a que de un mismo artículo se deriven interpretaciones muy diversas. Esto ha dado como resultado que la mesa de Contratación, órgano asesor del pleno, proponga que se adjudique el concurso a una empresa, Acciona, sin valorar si es la mejor de las presentadas.

"La mesa penaliza un hecho meramente interpretable, y con ello el interés general queda tan perjudicado que la mejor oferta no tiene opción a ganar el concurso", se resume en la moción.

"Suscribo la moción de la A a la Z", aseguró ayer el edil de IU, Santiago Pavón. Su voto se esperaba porque Izquierda Unida rechaza que la gestión del servicio se adjudique a una empresa y la moción del PP le brindaba la posibilidad de anular el proceso.

Frente a los argumentos recogidos en la moción, el portavoz del gobierno local, Lorenzo de la Calle, explicó que el acuerdo tomado por el pleno vulnera la Ley de Contratos. Primero porque no se demuestra que el proceso que ha seguido la mesa de Contratación estos últimos meses sea lesivo para el interés general.

Y segundo porque se incumple la Ley de Contratos, que obliga en el artículo 135 que los concursos no se queden desiertos si hay ofertas válidas. "Se vulnera la Ley de Contratos y el derecho de las cuatro empresas a ser adjudicatarias", indicó De la Calle.

URGENCIA El secretario general de la corporación local, Juan Miguel González, también se refirió durante su primera intervención al 135 y reiteró que no puede declararse desierto el concurso si las empresas cumplen con los requisitos del pliego de condiciones que regula el concurso.

El secretario, que intervino a solicitud de la alcaldesa, Carmen Heras, para que informase sobre si había motivo de urgencia para debatir la moción, contestó que "por un principio de prudencia no se debe declarar la urgencia" y que antes se deberían recabar dictámenes e informes jurídicos.

El viceportavoz del Partido Popular, Valentín Pacheco, respondió que no se necesitan dichos informes porque "estamos ante los supuestos" que establece la ley para la renuncia del contrato. La urgencia de la moción tuvo trece votos a favor (PP e IU) y 12 votos en contra (PSOE y FC). Este mismo resultado se repitió cuando se votó la moción.