El gobierno de Luis Salaya está en minoría. En el pleno, un órgano participado por todos los concejales, puede perder votaciones. Hasta ahora son casos puntuales y este jueves se ha producido uno de ellos. No solo ha sido importante el fondo, sino el cómo. En una de esas votaciones el PSOE se ha quedado solo frente al resto de la oposición, ni siquiera sus apoyos más frecuentes para alcanzar la mayoría, los del edil no adscrito Teófilo Amores y el de los tres concejales de Unidas Podemos, han estado con Salaya y su equipo. Podemos incluso ha marcado distancias con el PSOE y ha estado tan crítico con el gobierno como el PP.

Ha sido la cuestión que más tiempo ha acaparado en el pleno. Se debatía sobre la organización de los recursos humanos del ayuntamiento para la atención al ciudadano. La discusión se apoyaba en las mociones presentadas por Podemos y por el PP junto con los concejales no adscritos Amores, Francisco Alcántara y Mar Díaz. Las dos se han aprobado. La primera por unanimidad y la segunda con el voto de toda la oposición, el PSOE se ha abstenido. El principal acuerdo adoptado, que está recogido en la moción de Podemos, es que se elabore en un plazo de 15 días un plan de contingencia para reforzar los servicios de registro y otros que están encargados de atender las nuevas necesidades motivadas por el covid.

El punto de partida de las dos mociones es parejo: la tardanza en prestar atención a los ciudadanos bien porque «los teléfonos habilitados por la actual crisis sanitaria están colapsados» o porque en el registro hay periodos de espera «de entre veinte días y un mes» porque se conceden «citas previas a un mes vista» lo que lleva a «una lentitud en la resolución de los problemas», según se denuncia en las mociones de Podemos y del PP y los ediles no adscritos.

«No se puede decir a quien tiene una necesidad que debe esperar veinte días», denunció el portavoz del PP, Rafael Mateos, al inicio de su intervención, mientras que su homologa en Unidas Podemos, Consuelo López, apuntó al gobierno al asegurar que las medidas que la mesa de negociación del ayuntamiento adoptó el miércoles para mejorar la atención llegan «tardes y forzadas» por las mociones presentadas al pleno de este jueves. «Han conseguido que toda la oposición le hayamos forzado a que ustedes -el gobierno- den un paso adelante», dijo.

El portavoz del gobierno y concejal de recursos humanos, Andrés Licerán, se defendió a izquierda y derecha. Primero de Podemos, al que criticó que hubiese llevado su moción al pleno sin antes pasarla por la mesa de negociación, órgano en el que están representados los grupos políticos y los delegados sindicales de los trabajadores, y por el comité de seguridad y salud. Tras decir que del PP se esperaba ese comportamiento, afirmó que del que no lo esperaba era de Podemos por pretender «pasar por alto estos dos órganos y que sea el pleno el que se imponga sobre la negociación» con los delegados de los trabajadores.

Su crítica a la moción del PP fue, entre otros argumentos, por su falta de concreción porque «no está claro si quieren anular la cita previa", una cita que es lo que recomiendan las autoridades sanitarias» y los servicios de prevención, apuntó el portavoz del gobierno municipal.

SERVICIOS / El ayuntamiento cuenta con una plantilla de 629 plazas. En esta cantidad no están los empleados de todos los servicios que están en concesión con una empresa (agua, basura, alcantarillado, autobús...) ni los contratos que a lo largo del año se hacen con los programas temporales de empleo. El debate del pleno se centró en la falta de medios en servicios concretos para dar una respuesta más ágil a los ciudadanos. En las mociones se citaba registro, asuntos sociales o licencias como los principales. La queja de la oposición en pleno, aunque Cs no secundaba ninguna moción apoyó ambas, es que se están dando citas para veinte o más días y que los teléfonos no se atienden.

En la moción del PP también se pedía la apertura de la totalidad de las instalaciones del ayuntamiento, sin precisar si lo que se pedía es una mayor presencialidad o la supresión de la cita previa y su sustitución por la atención directa. «Usted es el responsable de que a la gente se la atienda con cita previa o sin ella, pero sin esperar», le dijo Mateos a Licerán. El portavoz del PP insistió más de una vez en que se retiren todos los carteles de cerrado al público que hay en la entrada de dependencias.

En su intervención, el portavoz y concejal de recursos humanos explicó cómo está la situación en la atención al ciudadano. Aclaró que la mayoría de las instalaciones del ayuntamiento están abierta (27 de un total de 29), pero que la atención es con cita previa, «tal y como está en otras administraciones y como recomiendan las autoridades sanitarias y el servicio de prevención de riesgos laborales». En cuanto a la presencialidad, precisó que el acuerdo adoptado por el comité de seguridad y salud del ayuntamiento celebrado en junio fue que el 50% de los trabajadores estaría presente en su puesto de trabajo en el ayuntamiento, mientras que la otra mitad haría teletrabajo, esto no se aplica a servicios concretos como policía, obras, parques o registro, en los que «el cien por cien trabaja de manera presencial».

Licerán reconoció que «la sensación de la ciudadanía» es la de encontrarse con dificultades «a la hora de acceder a los servicios del ayuntamiento», aunque insistió en que por parte del gobierno «no se ha estado impasible» y que se tienen limitaciones «legales y presupuestaria», además de la obligación de «garantizar la seguridad de los trabajadores con lo que a su vez se garantizan los servicios públicos». El portavoz recordó que esta semana se confirmó un positivo por covid en un servicio con cinco técnicos, el afectado está ya fuera, lo mismo que el compañero con el que tuvo más contacto, ahora se presta con el jefe del mismo, que apenas tuvo contacto con el enfermo, y con los otros dos técnicos que estaban teletrabajando, «de lo contrario -si todos hubiesen estado de manera presencial en su puesto- ahora mismo el servicio entero estaría sin trabajar». Licerán añadió que este jueves «hemos vuelto a tener nuevos positivos y esperemos que ningún servicio cierre».

La decisión sobre si se incrementa la presencialidad y la atención directa al público, sobre si se reduce la cita previa o se mantiene y sobre cómo se podrán reforzar aquellos servicios más deficitarios se abordará en una próxima reunión del comité de seguridad y salud del ayuntamiento, que se reunirá próximamente, según adelantó Licerán. En la mesa de negociación del miércoles ya se decidió que se dotase a cada servicio de un teléfono de atención y de un correo electrónico de atención directa.

UN PLAZO / La cuestión ayer era si se está haciendo lo suficiente. La respuesta de la oposición en pleno fue que no frente a la justificación del gobierno de que se están tomando las decisiones en base a las recomendaciones sanitarias y los medios que se tienen. Que el PP, siempre más crítico con el gobierno socialista en su papel de oposición, diga que no se hace lo suficiente entra dentro de lo esperado, pero no tanto la crítica de Podemos, que lo que pedía en su moción era que se elaborase un plan de contingencia para reforzar los servicios más afectados. El PP presentó una enmienda para que ese plan se redactase en un plazo no superior a quince días, iniciativa que aceptó Podemos porque «el gobierno local llega tarde- en dar una solución- y habrá que ponerle un plazo oportuno».

Podemos es un grupo más en la oposición, pero tiene con el gobierno socialista un acuerdo con políticas a desarrollar en la legislatura y que permitió la aprobación de los presupuestos del 2020. No es un socio de gobierno, pero sí es el grupo más próximo a Salaya y sus concejales. Ayer marcó distancia con el PSOE y visibilizó su desacuerdo con la política de recursos humanos en servicios que se prestan al ciudadano por el «colapso» y la «espera» que se produce.

Es un desacuerdo puntual, pero que se escenificó en el pleno. Después ambos partidos volvieron a votar juntos para tumbar las mociones presentadas por Ciudadanos y por los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz. En la primera se proponía que desde el Gobierno se promoviesen las reformas legales necesarias para reforzar las competencias del ayuntamiento contra la ocupación ilegal de viviendas. En la segunda se demandaban medidas fiscales diferencias para Cáceres con una bonificación en los principales impuestos para favorecer el desarrollo de actividades.

Plantilla del ayuntamiento

Plantilla del ayuntamientoHay 629 plazas en el ayuntamiento. La plantilla del ayuntamiento y de sus organismos autónomos para 2020 es de 629 plazas, según se especifica en los presupuestos. La mayoría son de funcionarios (473). De laborales hay 139. Hay 14 trabajadores eventuales. Y las plazas de personal directivo son 3. El servicio que cuenta con más personal es la Policía Local. Son con 159 plazas, de las que 28 son de segunda actividad, la cuarta parte de la plantilla del consistorio. En estas cifras no están incluidos los trabajadores que se contratan todos los años con los planes de empleo temporal.

Seis puestos en la unidad de Registro. Registro y Estadística tiene 6 puestos, en Asuntos Sociales son 37 y en Licencias son 10 (cinco en Obras y cinco en Apertura). Son datos de la relación de puestos de trabajo de 2020 y son tres de los servicios locales que aparecen en las mociones como necesitados de personal para dar respuesta a las demandas de ciudadanos. El portavoz del gobierno municipal, Andrés Licerán, citó los tres en su intervención para asegurar que se han reforzado dotándolos de más trabajadores, algunos de ellos de los planes de empleo temporal.