Pendiente de que la justicia determine si en este caso se ha cometido algún delito y por quién o quienes, los delitos que en principio se imputan se castigan con hasta 6 años de prisión y hasta 10 de inhabilitación para empleo o cargo público.
Por el delito de falsedad, que es el que al parecer está más claro en este caso, el Código Penal establece que será castigado con 3 a 6 años de prisión, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación por 2 a 6 años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad, alterando o simulando un documento...
El delito de cohecho, imputable a la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicita o recibe dádiva o presente por realizar, en el ejercicio de su cargo, una acción u omisión constitutivas de delito, se castiga con la pena de prisión de 2 a 6 años e inhabilitación de 7 a 12 años.
La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo incurre en delito de prevaricación, castigado con la pena de inhabilitación por un periodo de entre 7 y 10 años.
