Una ciudad paralizada, proyectos que se aplazan y falta de capacidad para decidir. Estas tres ideas se destacaron ayer en el balance que el grupo municipal del PP realizó del primer año de legislatura, un encuentro en el que los populares se ofrecieron como un equipo "con capacidad y experiencia, que conoce su ciudad y que ganó las elecciones", destacó su portavoz, Francisco Javier Castellano, quien, no obstante, descartó la posibilidad de un cambio en el gobierno antes de tres años porque "las discrepancias" entre los socios del ejecutivo local se "teatralizan de puertas afuera, pero dentro son un bloque al que solo une el estar en el gobierno", afirmó.
Castellano abrió su balance recordando lo ocurrido en los días siguientes a la elección del 27-M, en los que "tres partidos distintos se pusieron de acuerdo para quitar el gobierno al Partido Popular, que lo ganó legítimamente". El gobierno municipal es bipartido (PSOE-IU) y hay un pacto de legislatura entre el Partido Socialista y Foro Ciudadano. El portavoz solicitó a continuación "la reforma de la ley electoral" con el fin de impedir cosas que "nadie entiende", como que quien pierda las elecciones acabe por "adueñarse de la institución".
El portavoz dedicó gran parte de su intervención a dos asuntos concretos: el nuevo plan de urbanismo y la consecución de financiación de Europa. Dudó que a finales de julio, que es la idea de la alcaldesa Carmen Heras, haya un acuerdo para corregir el plan y le reprochó que el informe que sirve de base para la adecuación del plan general a las exigencias de la Junta esté en el consistorio desde abril y no se haya llevado a la comisión de Urbanismo hasta el pasado 20 de junio.
Castellano insistió en que la aceptación de las observaciones hechas por la Junta al plan general de urbanismo convertirán a Cáceres "en una ciudad de segunda" si son aceptadas por el consistorio y reiteró que no tienen su origen en el principio de legalidad, que es lo que justificaría la competencia de la Junta de reclamar las correcciones, por lo que subrayó que las observaciones hechas por la Consejería de Fomento al plan son "un atropello al derecho de Cáceres a decidir cómo desarrollarse", indicando que la consejería "no devuelve" el plan para su corrección si el grupo popular hubiese seguido gobernando la ciudad.
El portavoz de los populares recordó que del plan general dependen grandes proyectos, citando El Corte Inglés, del que precisó que ha pasado de ser "una idea tangible" para transformarse en "una incógnita". Lo mismo dijo de otras infraestructuras, como, por ejemplo, la ronda este, de la que apuntó que está "en el más completo de los olvidos".
También citó, como ejemplo, que la Junta recuerda que la ley del Suelo establece que debe haber 5 metros cuadrados de zona verde por habitante y que estima excesivo que en el plan se planifique tanta reserva de zona verde pública sin justificarse cómo se mantendrá. Castellano manifestó que 5 metros cuadrados es el mínimo y que la ley no fija un máximo porque la decisión debe ser del consistorio. "Yo quiero tener como referente a Pamplona o Vitoria, que tienen más de veinticinco metros cuadrados de zona verde por habitante".
EL DOCUMENTO El documento base que tiene la comisión de Urbanismo para la adecuación del plan general a las observaciones de Fomento propone un recorte máximo de los terrenos para sistemas generales (donde están incluidos los grandes espacios verdes) de 140 hectáreas en las zonas de desarrollo que califica de prioridad I, y de 100 hectáreas en las que se planifican como de Prioridad II. En cuanto a las viviendas que se planifican en las áreas de desarrollo más inmediato (con ordenación detallada), la propuesta es de una reducción máxima de 7.500 a 12.500. En cuanto al total de viviendas planificadas, el recorte máximo que se plantea es de 18.000 a 23.000.
En cuanto a los fondos europeos, destacó la pérdida producida con la negativa a la cofinanciación del proyecto de la iniciativa Urbana (del que se dejan de percibir 8 millones de euros hasta 2013 ya que Economía ha elegido el proyecto que presentó Mérida). Castellano elevó ayer esta cifra hasta los doce millones (la diferencia es de otros programas y distintas ayudas de administraciones, aunque no la desglosó), con lo que concluyó que con el gobierno local se "ha perdido un millón al mes".
También aludió a que hay "concejalías que funcionarían mejor sin concejal y una es la de Asuntos Sociales (Marcelina Elviro)" y a que en Juventud, donde está María José Casado, "no existe concejal".
