La Ribera vuelve a ser motivo de enfrentamiento político. Lo fue durante las tres legislaturas de José María Saponi con el PP en el gobierno, cuando desde el PSOE se oponían a los planes de intervención en este espacio por considerarlos agresivos al primarse "el cemento frente al medio ambiente". Ahora se repite ese enfrentamiento, pero con el PSOE gobernando junto con IU y el PP en la oposición. El portavoz del PP, Francisco Javier Castellano, criticó ayer que la principal consecuencia de la modificación de los planes para actuar en la Ribera, reflejados en un convenio del 2003, será la pérdida de 3 años por una cuestión política y no ambiental. Lo que se pretende es "quitar el sello del PP y poner el del PSOE", dijo el portavoz.
Castellano no solo dirigió sus críticas al PSOE local, sino especialmente al nacional, ya que indicó que la variación del planteamiento inicial para intervenir en la Ribera parte del relevo en la presidencia de la Confederación del Tajo tras las elecciones del 14-M del 2004. El portavoz explicó que el acuerdo del 2003 y el protocolo firmado hace una semana y que sustituye al convenio tienen un texto parecido y que la cantidad es la misma, seis millones de euros, que recordó que son fruto de la gestión del PP cuando gobernó Cáceres.
Castellano se preguntó ayer qué pasara con las expropiaciones realizadas, con un coste de "cientos de millones de pesetas", dijo, para el desarrollo del convenio del 2003, y criticó que no se haya presentado el escrito en el que se detallan las razones ambientales por las que no se puede hacer el proyecto del 2003.
El gobierno local respondió ayer que el proyecto del 2003 "era imposible de hacer" y se recordó la explicación dada desde la confederación cuando se subrayó que este proyecto proponía una intervención urbana en un entorno natural que no se podía financiar con fondos europeos (el 75% de los seis millones los pone Europa). El gobierno local también precisó que se contará con los terrenos ya expropiados.
