El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Javier Casado, denunció ayer, sin aportar datos, que el presidente de la Agencia Extremeña de la Vivienda, Javier Corominas, intenta favorecer a "dos empresas de amigos suyos" al adjudicarles la promoción de viviendas del plan especial de la Junta en Cáceres. Además, Casado y el presidente provincial del PP de Cáceres, Laureano León, anunciaron que pedirán la comparecencia urgente en el Parlamento autonómico de Corominas y del vicepresidente regional, Ignacio Sánchez Amor, bajo cuya competencia se adscribe la política de vivienda, por el caso de las casas a 60.000 euros planificadas en la capital cacereña.
De las seis promociones del denominado Plan 60.000 , una se desarrollará en tres terrenos del ayuntamiento y otras cinco con grupos privados: Gestiona-Copai-La Cumbre, uno o varios socios de Ciaval 2000, Placonsa, Vivienda Fácil-Prinsa y Promociones Almonte 2000-Extremeña de Promociones García-Promociones Mejostilla de Espadero.
En opinión de Casado, detrás de las "contradicciones" y el "baile de cifras" en cuanto al número de viviendas que se van a construir en Cáceres, están los "intereses ocultos" de Javier Corominas, que quiere adjudicar proyectos de interés regional (PIR) a empresas amigas "que pronto saldrán a la luz".
Por su parte, León recalcó que las declaraciones contradictorias de Corominas, primero diciendo que era muy difícil construir las 3.968 viviendas de 60.000 euros proyectadas en la finca Mejostilla de Espadero, porque, en principio, afectaban a una zona de especial protección de aves (ZEPA), y después diciendo que la Consejería de Medio Ambiente no ve problemas para edificar en este enclave, demuestran, a su juicio, "o que es un incapaz o que hay intereses ocultos".
Según León, estas declaraciones han sido "muy imprudentes porque se está jugando con la ilusión de muchos jóvenes que tienen un proyecto de vida centrado en la compra de una vivienda, y porque se están truncando las aspiraciones de muchas personas a tener un hogar, por un incompetente, porque Corominas es incompetente a la hora de determinar si un suelo es ZEPA o no".
El presidente provincial del PP no entiende, dijo, cómo de la noche a la mañana los problemas medioambientales que podían impedir construir las viviendas de 60.000 euros en los terrenos proyectados, desaparecen de repente, y se pregunta si los informes medioambientales pueden cambiarse al antojo de las administraciones cuando deberían ser imparciales.
Planteó también si después de lo visto los extremeños pueden tener la garantía de que la Junta va a actuar conforme a los informes técnicos de impacto ambiental y a la legislación vigente.
Javier Casado incidió en que Corominas y Sánchez Amor deben explicar cómo se han podido salvar los obstáculos medioambientales que impedían la construcción de las viviendas a 60.000 euros en Cáceres y cómo el Consejo de Gobierno pudo aprobar un PIR que no se adaptaba a la legalidad por estar en zona de protección de aves.
