El PP sorprendió ayer haciendo un llamamiento a que el Plan General Municipal se someta a una cuarta exposición al público, lo que ralentizaría su entrada en vigor, prevista para poco más de un mes, fecha en la que se prevé su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Los populares hicieron este llamamiento pese a que Cáceres lleva esperando siete años la aplicación de un plan que comenzó a gestarse en enero de 2003, cuando se propuso la adjudicación de su redacción. La postura del PP se basa en un informe jurídico emitido por la Consejería de Fomento que recomienda que el plan pase por esa cuarta exposición.

El presidente provincial del PP, Laureano León, y la portavoz local, Elena Nevado, desgranaron este informe en una comparecencia pública en la que volvieron a adjudicarse el éxito de haber apoyado a Carmen Heras para que el PSOE sacara adelante el documento que regulará el urbanismo cacereño de al menos los próximos 15 años.

Nevado recordó que el PGM no es solo un documento sino el motor de la economía local y, por ello, pidió a la alcaldesa "que cumpla a rajatabla la legalidad para que el plan no quede abocado a una nulidad". A juicio de los populares incumplir las recomendaciones de los técnicos de la Junta "sería de necios" e incluso aseguraron que si alguien considerara que alguno de sus derechos se siente conculcado con el nuevo texto, podría ir a los tribunales, que éstos le dieran la razón y "que hubiera que volver a empezar".

UN MAL MENOR El PP añadió que una cuarta exposición pública solo supondría dos meses, pero que sería un mal menor. "Si depende de dos meses, mejor dos meses con garantías a que dentro de un año nos digan que no vale nada. Debemos garantizar que los cambios pactados tengan la suficiente solidez para que nadie eche abajo el plan y sea definitivo de verdad".

"La ciudad necesita ponerse en marcha", dijo el PP, para quien asuntos como El Corte Inglés, la casa de campo, el centro de ocio, la estación intermodal del AVE y el aeródromo son de primera magnitud. La oposición hizo precisamente referencia al centro previsto en Las Carmelitas y a los posibles inconvenientes que los promotores tendrían para llevar a cabo la operación si no se viera satisfecha en su totalidad la alegación que en su día presentaron. "Si hay una nueva exposición todos los que pudieran alegar, alegarían, incluidos estos promotores", dijo un PP seguro de que "El Corte Inglés va a venir a Cáceres".

Pero la reacción de la Junta de Extremadura no se hizo esperar y desmintió que sea necesaria una nueva exposición pública. La Junta aclaró que según recoge el mismo informe jurídico al que alude el PP, es la propia Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura quien valorará la idoneidad de realizar una nueva exposición pública del plan.

EL PP ACUDIO La Junta aclaró que la comisión en pleno "con la presencia de un representante del PP, y por unanimidad, votó que no era necesaria una nueva exposición pública, puesto que no se habían producido cambios sustanciales en el documento que ya había sido expuesto públicamente en tres ocasiones previas".

La Junta dijo que si el Plan de Urbanismo se expusiera de nuevo, como propone el PP, y aunque las alegaciones presentadas no fueran estructurales, la aprobación definitiva siempre correspondería al consejero de Fomento. "Por tanto, cabe concluir que la teoría que el PP ha expuesto hoy ante los medios informativos no puede aplicarse puesto que es ilegal".

El gobierno regional estimó que el PP está poniendo trabas a la aprobación del plan para sembrar dudas, confundir a la ciudadanía y tratar de sacar rédito político. A este respecto, recordó que tanto la alcaldesa como la propia administración regional han cumplido con su compromiso aprobando un plan "que cuenta con todos los informes favorables, y que es infinitamente más ventajoso para la ciudad que el anterior documento confeccionado por el PP".

La alcaldesa, por su parte, se mostró taxativa y en declaraciones a Efe dijo: "No hay más que hablar", y añadió que el proceso ya se encuentra "cerrado y solo queda que el consejero (José Luis Quintana) estampe su firma".