El portavoz del PP en la diputación, Fernando Manzano, salió ayer al paso de las críticas de los sindicatos tras la propuesta de su grupo de reducir los gastos de personal para el 2007 mediante la transferencia completa a la Junta de Extremadura del hogar infantil Julián Murillo y el psiquiátrico de Plasencia, dependientes en la actualidad de la institución provincial.
Manzano, que dejó claro ayer que su intención no es "poner en la calle a nadie", insistió en que las competencias en salud mental y menores corresponden por ley a la Junta de Extremadura. "Hemos pedido que las gestionen y las paguen", subrayó. La diputación emitió ayer un comunicado en el que los sindicatos de la mesa de empleados públicos expresaron su "desacuerdo" con la propuesta del PP ya que, aseguraron, va en contra del acuerdo entre la Administración y organizaciones sindicales. "Supondría que los trabajadores no percibirían la nómina desde enero del 2007", dijeron.
Por su parte, el gobierno provincial indicó que el PP "queda una vez más en evidencia presentando propuestas inviables e ilegales", a lo que Manzano respondió que "lo que es una ilegalidad es seguir asumiendo competencias que son de Bienestar Social y de Sanidad".
El diputado popular aprovechó también para criticar que en los presupuestos del 2007 se hayan programado dos obras en carreteras que afectan a Casar de Cáceres, municipio del que es alcalde el presidente Juan Andrés Tovar. "Es la primera vez que se hacen dos actuaciones que terminan en el mismo municipio", afirmó para referirse al refuerzo del firme en la CC-38 desde la rotonda de la ronda Norte hasta el enlace con la A-66 y en la CC-100 de Arroyo a Casar. Manzano pidió explicaciones de por qué el refuerzo de cada kilómetro de la CC-38 va a costar 72.000 euros, el doble que en otras actuaciones. Este diario intentó ayer, sin éxito, obtener la respuesta del gobierno provincial.
