El grupo municipal del PP en el ayuntamiento cuenta con un procurador y un letrado ajenos al consistorio en el proceso judicial que se sigue por el recurso contra el acuerdo del pleno de la corporación local que suspendió la subvención al empresario taurino prevista en el concurso para explotar la plaza, licitación que se acabó anulando. El portavoz del gobierno (PP), Rafael Mateos, explicó ayer que la resolución de la diputación por la que se decide que su servicio jurídico no preste asistencia en este proceso no se refiere a la defensa del gobierno local, como público ayer este diario, sino al ayuntamiento.

En este caso está por un lado el grupo municipal popular, que es a su vez el que ostenta el gobierno del ayuntamiento y que es el que ha interpuesto el recurso, y por otro el pleno de la corporación, donde están todos los grupos políticos. El acuerdo que se recurre se adoptó con los votos de los otros tres partidos políticos (PSOE, C’s y Podemos) de la corporación.

En este proceso está por un lado el grupo municipal del PP y por otro el ayuntamiento, al recurrirse un acuerdo del pleno. El gobierno local pensó en un principio que la defensa del ayuntamiento la ejerciese el servicio jurídico del consistorio. Luego, a petición de los grupos de la oposición, se solicitó la asistencia de la diputación o de la Junta para que llevasen la defensa del ayuntamiento, ambos han renunciado, motivo por el que al final esa defensa la ejercerá el servicio jurídico del ayuntamiento. H