En papel mojado. Así quedó ayer el plan para crear más de 1.600 empleos durante un año en los municipios de la provincia que propuso el PSOE en un pleno extraordinario en la diputación, liquidado en poco menos de una hora con los votos en contra del equipo de gobierno.

Aunque los socialistas se esforzaron durante la sesión en convencer a los populares de la necesidad de aprobar un plan que se financiaría con 20 millones del remanente líquido de tesorería, Saturnino López Marroyo, portavoz del gobierno, sostuvo que era "ilegal" porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria solo permite su uso para la amortización de deudas. El PSOE aseguró que, de haberse dado luz verde a la propuesta, el paro se reduciría en el 3,18% en un año, que cifró en 52.307 personas en toda la provincia. Los ayuntamientos hubieran recibido una cantidad fija para hacer de empleadores.

Sin embargo, en ningún momento del pleno hubo posibilidad de acercamiento entre ambos grupos. Mientras el PP calificó de "oportunista" la idea para sacar réditos políticos, el PSOE criticó que "no estuviese haciendo nada para atender la situación crítica que están atravesando muchas familias". El final abrupto de la sesión, en el que los socialistas se quejaron al presidente de que no les concediera el turno de palabra en iguales condiciones que al equipo de gobierno, fue el ejemplo más claro de la falta de sintonía para intentar lograr un acuerdo.

Al argumento del diputado del PSOE Carlos Labrador de que había que aprobar el plan para tenerlo listo cuando la ley de estabilidad permita destinar los remanentes a otro fin que no sea pagar deudas, el portavoz del PP respondió que, de hacerlo, se podría incurrir en un delito de prevaricación. Lo que sí hizo el gobierno fue comprometerse a dedicarlos, de darse esa situación, a inversiones y empleo. Pero lo que sí evidenció la sesión fue la distancia que, conforme avanza la legislatura, separa cada vez a populares y socialistas. El próximo capítulo, por venir.