El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha calificado de "irresponsable" la decisión de la Junta de no recurrir la sentencia que anula la rescisión del contrato con la unión temporal de empresas (UTE) encargada de la primera fase de las obras del hospital de Cáceres, "sin haberla analizado".
El PP ha criticado esta decisión cuando la propia portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha "admitido desconocer" el contenido de la sentencia, como "puede comprobarse en sus declaraciones tras el Consejo de Gobierno celebrado hoy".
El coordinador de Sanidad y Política Social del Grupo Parlamentario Popular (GPP), José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que "una vez más" la Junta demuestra su "estilo discrecional" a la hora de tomar decisiones que afectan a todos los extremeños.
Cree que el Gobierno socialista "se abraza sistemáticamente al criterio político, obviando tanto el interés público, que debe prevalecer en la administración, como la prudencia mínima que exige analizar los pormenores de una sentencia antes de hacer valoraciones".
El PP ha recalcado que, pese a que la sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el Gobierno de la Junta "ha desechado a las primeras de cambio defender los intereses de la sociedad extremeña".
En su opinión, esta manera de actuar está "muy ensayada" por el Ejecutivo socialista y, en concreto, por la Consejería de Sanidad, que "ha usado esta misma estrategia" en el caso de "la ubicación del hospital de Don Benito-Villanueva o en el caso de las oposiciones a las que concurrió con éxito la consejera Mejuto".
El coordinador de Sanidad ha defendido que la decisión de rescindir el contrato con la UTE que realizaba las obras de la primera fase del hospital cacereño se tomó en base a "un criterio técnico", respaldado por los pertinentes informes favorables de los servicios jurídicos del SES y de la propia Junta.
Para Sánchez Juliá, es "inaudito" que se hable con tanta "alegría" de algo que va a costar millones de euros a todos los extremeños.
Por último, ha insistido en que esta "práctica habitual" del Ejecutivo extremeño, "eludiendo su legítimo derecho de defensa", no sólo tiene consecuencias económicas sobre las arcas públicas de la comunidad, sino que también "lanza un mensaje muy pernicioso al ámbito de la contratación pública".
Un mensaje, ha añadido, en el que cualquier acuerdo con la Administración regional puede ser interpretado como "susceptible de una continua renegociación en términos de costes y tiempos de ejecución".
