La comisión municipal de Urbanismo debate hoy, salvo que el expediente se deje sobre la mesa, la modificación del plan de urbanismo en el solar de las Carmelitas. La variación consiste en que la edificabilidad (los metros cuadrados construidos) del solar pase de 7.910, el actual centro escolar, a 60.500 repartidos entre un nuevo colegio, usos terciarios (el comercial de El Corte Inglés, además de otros fines como locales comerciales u oficinas) y residenciales (unas cien viviendas en bloques de diez plantas).

Es una modificación de la que se habla desde hace más de dos años y que no está exenta de polémica por el incremento de la edificabilidad o aprovechamiento urbanístico pretendido. Frente a los que opinan que el ayuntamiento favorece una actuación especulativa que va a reportar importantes beneficios a una sociedad intermediaria, representada por el empresario Jesús Alarcón, y a la congregación de las Carmelitas, están los que defienden esta actuación por la incidencia que El Corte Inglés tendrá en el aumento de la oferta comercial y en el incremento de la expectativa de creación de empleo.

La cuestión de debate en esta polémica es si se aportan a la comunidad las compensaciones que por ley deben darse por el hecho de que el ayuntamiento cambie el uso del solar incrementando sus aprovechamientos urbanísticos. La monetarización de esta compensación ya se plantea en una propuesta de convenio que está firmada por la congregación, la sociedad y El Corte Inglés. En la valoración de esa monetarización se estima que al ayuntamiento le corresponden 12.210 metros cuadrados con una compensación que se cuantifica en 2.540.152 euros.

A todo lo anterior se suma la irrupción del concejal Manuel Rodríguez Cancho, cuestionando desde dentro del gobierno local la operación y anunciado su renuncia tras el dictamen del expediente por Urbanismo.

El convenio y un solar a dividir en 4 parcelas

El solar es ahora una única parcela con 12.000 metros cuadrados y uso docente. Con la modificación se transforma en cuatro parcelas. La primera de uso docente, 5.000 metros cuadrados y una edificabilidad de 10.000. La segunda comercial-terciaria (El Corte Inglés) con 3.200 metros cuadrados y 25.500 de edificabilidad (3.200 bajo rasante). La tercera de 1.265 (800 para usos terciarios y 465 para una calle interior) con 8.000 de edificabilidad. Y la cuarta de 2.675 metros cuadrados (975 de la calle y 1.700 de uso residencial y terciario) y 17.000 de edificabilidad (15.000 residencial y 2.000 terciaria)

Hay una propuesta de convenio que regula la operación y en la que falta la firma del consistorio. La congregación de religiosas apoderó a la sociedad para gestionar la operación. La sociedad tiene una opción de compra de 7.000 de los 12.000 metros cuadrados del solar y a su vez El Corte Inglés tiene una opción de compra para adquirir 3.200 de los 7.000 de la sociedad. Los usos terciarios y residenciales se presentan en la propuesta ante el ayuntamiento como necesarios para la financiación de la adquisición del suelo y para la implantación de El Corte Inglés. La parcela es de la congregación, que la compró cuando se construyó el colegio con un crédito avalado por empresarios de la ciudad.

Las cesiones que se deben hacer a la ciudad

La ley autonómica del suelo regula unas cesiones al ayuntamiento por el incremento del aprovechamiento de un terreno.

Parte son para garantizar unos niveles de cohesión urbana y varían en base al uso del suelo. Si es residencial, es el 35% de la edificabilidad destinada a viviendas. Si es terciario, es el 15% del terreno reservado para este fin. Según las valoraciones que maneja el ayuntamiento y que se recogen en un informe de la consulta hecha a un despacho de abogados para determinar su conformidad, por el 15% de terciario se cederían 669 metros cuadrados del solar y por el 35% residencial serían 5.950. El solar tiene 12.140 y la cesión al ayuntamiento de suelo libre para dotación pública sería de 6.619.

El segundo tipo de cesión al ayuntamiento, que se materializaría en edificabilidad (metros cuadrados construidos), es por la participación de la comunidad en las plusvalías que generan los aumentos de aprovechamientos que autoriza la administración, que es el 10% del incremento y

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