Más que he lamentado yo haber destruido los exámenes no lo lamenta nadie señoría». Así lo declaró ayer ante la juez la acusada de destruir los ejercicios de la oposición en la que ella era la presidenta del tribunal y uno de los opositores era un antiguo compañero con el que había tenido una mala relación profesional anteriormente.
La acusada defendió que esa decisión fue consensuada entre los cinco miembros que componían el tribunal de la oposición para ser profesor de Educación Secundaria. En concreto, el Ministerio Fiscal la acusa de un delito de prevaricación y otro de infidelidad en la custodia de documentos y pide para ella la pena de dos años y tres meses de prisión. Además, solicita su inhabilitación para empleo o cargo público durante 16 años, pagar una multa de 6.750 euros e indemnizar con 40.000 euros al opositor contra el que supuestamente actuó para que no obtuviera la plaza.
Los dos profesores coincidieron en Mérida en el curso 2006-2007. Durante ese periodo, se considera que existieron problemas entre ambos, aunque la acusada aseguró en el juicio no tener inquina hacia el susodicho.
En 2010 la Junta de Extremadura convocó las oposiciones en las que la acusada fue nombrada presidenta y el ex compañero se presentó. De los cinco miembros del tribunal, según el fiscal, «ella le puso la nota mas baja y cambió criterios de calificación para desfavorecerle». La acusada manifestó que era la primera vez que estaba en un tribunal y advirtió de que había otras tres personas que ya habían ejercido esta función que le «dijeron que los exámenes se habían destruido».
La fiscal recordó que como presidenta tenía el deber de custodiar los documentos y le planteó que “con la mala relación que había tenido con el opositor, cómo no guardó los exámenes”.
Por ello, la acusada manifestó que lo lamenta porque sería la prueba objetiva para saber si el opositor fue perjudicado o no, pero que «no lo hizo para perjudicar a nadie».
