Los dos partidos políticos con mayor representación en el ayuntamiento (PP --en el gobierno-- y PSOE --primer grupo de la oposición--) alcanzaron el pasado lunes, en el último pleno de 2015 de la corporación local, un acuerdo que posibilitó la aprobación inicial de los presupuestos para este año. No es la primera vez que los dos partidos que se han alternado en los últimos 30 años al frente del gobierno local llegan a un compromiso para sumar sus votos en la aprobación de un asunto de importancia para Cáceres, como pasó con los dos últimos planes generales de urbanismo que ha tenido la ciudad en acuerdos adoptados por el pleno en 1995 y 2009, pero sí era la primera ocasión en más de 20 años que ese compromiso se lograba para la aprobación de los presupuestos. Los de 1994, 2010 y 2011 no llegaron a ratificarse al no contar con los votos de los dos partidos.

La reforma de la legislación local introdujo en diciembre de 2013 una medida para evitar que en situaciones de bloqueo, con un gobierno en minoría, hubiese que gestionar un consistorio sin un presupuesto aprobado para el ejercicio durante más de dos años. Para una norma fundamental, como es el presupuesto, se intentaba evitar situaciones de bloqueo continuado que ralentizasen la gestión local.

A esto (sin presupuesto de 2016, pero pudiendo aprobar el de 2017 gracias a la reforma legislativa) se enfrentaba el gobierno hasta que en el pleno de la corporación del pasado lunes se alcanzó un acuerdo durante un receso de 20 minutos en base a la aceptación por el PP de una enmienda que presentó el PSOE y que permitió la posterior abstención de los socialistas y la aprobación de los presupuestos de 2016 con los votos del PP.

LOS CAMBIOS que la enmienda introduce en el presupuesto no son sustanciales y eran fáciles de aceptar por parte del gobierno (en una de las propuestas de esta enmienda se dotan de mayores ingresos, 115.000 euros de una subvención de la Junta para emergencia social, las exenciones dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión, jóvenes y parados para la utilización del autobús urbano y en otra se establece un sistema de reparto diferente y más justo de las subvenciones a grupos culturales --la ayuda directa se sustituye por un proceso de libre concurrencia en base a criterios que determinen la distribución de 64.000 euros--).

Ambos buscaron el acuerdo en la sesión del lunes. El gobierno posibilitando que el interventor del ayuntamiento informase verbalmente en el mismo pleno sobre la viabilidad de la aceptación de esa enmienda (tenía hasta diez días de plazo) y el PSOE presentando una iniciativa sin reclamaciones que obligasen a realizar modificaciones de fondo en el presupuesto y no exigiendo para su abstención la ratificación de la otra enmienda que presentó. En esta segunda propuesta se planteaban gastos e inversiones de mayor cuantía, pero se desestimó directamente con el informe verbal del interventor porque no se puede ampliar el techo de gasto en las condiciones que proponía el PSOE.

Lo ocurrido en el pleno es importante porque permite la gestión del consistorio con un presupuesto actual, no se tiene que ir a la prórroga de las cuentas de 2015. En la reforma de la legislación local de hace dos años ya se abordaba la necesidad de que no se diesen situaciones de bloqueo político en una norma fundamental como el presupuesto.

Pero ese acuerdo no puede hacer olvidar la realidad de un presupuesto que es continuista, que no introduce modificaciones significativas respecto al que había en 2015. Es verdad que hay al menos cuatro motivos que lo dificultan: las limitaciones que establece la ley de estabilidad presupuestaria, el plan de ajuste presentado a Hacienda, la prudencia en la estimación de ingresos para evitar desfases como los de etapas pasadas y el pago en cumplimiento de sentencias de expropiaciones de terrenos, gastos no previstos por suelos sin una utilidad ni a corto ni a medio plazo y que se han convertido en el principal lastre para las arcas locales. Pero pese a esas importantes limitaciones, ha faltado en el debate del presupuesto, que se inició en septiembre, abordar nuevas medidas.

MAS DE dos de cada tres euros de las operaciones de gasto corriente del presupuesto de 2016 son para pagar al personal (la plantilla tiene más de 600 trabajadores) y los contratos con las empresas que gestionan los servicios locales. En este primer presupuesto, quedan aún otros tres, del mandato que se inició en junio de 2015 no se han afrontado decisiones que sí fueron abordadas en las últimas cuatro legislaturas para generar más ingresos y afrontar nuevos gastos y necesidades --en las dos primeras se recurrió a las revisiones de la tributación para lograr más recursos, en la tercera fueron las operaciones de crédito y en la pasada se acometió una revisión de las tasas y de gastos de los contratos--.

En este primer presupuesto de la legislatura no se han planteado grandes cambios (entre las pocas novedades está el plan de rescate, que en líneas generales son partidas que ya estaban, pero que se incrementan, y la bajada del tipo impositivo del IBI que se compensa con la subida de los valores catastrales para ingresar lo mismo de este impuesto).

Para el principal gasto dentro de las operaciones de capital, las inversiones, el recurso mayoritario para su financiación sigue siendo la venta de suelo, pese a los escasos resultados de los años precedentes, además las parcelas se mantienen con las mismas valoraciones.

En las operaciones de gasto financiero, la amortización de créditos, es donde se produce la principal variación de este presupuesto: la reducción de la deuda con bancos y el periodo de carencia en 2016 en la amortización del crédito de mayor importe permiten un ahorro en la previsión de gastos respecto a 2015 que es el que posibilita financiar los incrementos en los capítulos de personal y de transferencias a organismos como Asuntos Sociales.