La previsión de ingresos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbanos asciende a 22,3 millones de euros. Es la cantidad más baja desde 2011, cuando se calcularon 19,9 millones y que fue antes de la subida del 10% que el Gobierno obligó a aplicar a todos los ayuntamientos. El impuesto está al cobro desde el pasado 20 de mayo, la fecha de siempre, la novedad este año es que el periodo se prolonga un mes más, hasta el 20 de agosto, y que los recibos domiciliados se cobrarán el 10 de julio, un mes después que en otros años.
En abril se planteó desde el gobierno local retrasar este periodo voluntario hasta diciembre, el grupo municipal del PP lo recordó el lunes. Pero este debate estaba zanjado desde que el 20 de mayo se publicó el anuncio con los plazos del impuesto, que es el más importante y el que genera más ingresos. El ayuntamiento tiene dos fuentes directas de obtención de liquidez: las entregas a cuenta del Estado y las entregas a cuenta del organismo autónomo de la diputación, que es el que gestiona la recaudación. Diferir el pago a diciembre retrasaría los ingresos del organismo y parte de las aportaciones que recibe el ayuntamiento para sus gastos más inmediatos: nóminas, gastos corrientes y amortización de deuda. Anunciar una posible ampliación del plazo a diciembre, como sí han hecho otros ayuntamientos, chocaba con una reducción de la disposición de fondos del ayuntamiento y el organismo.
La previsión de ingresos este año del IBI urbano es de casi 400.000 euros menos que la de 2019 y es de casi dos millones menos que en 2017, cuando alcanzó los 24 millones. Desde esa fecha se aprobaron reducciones del tipo, que en dos años pasó del 0,75 al 0,70% del valor catastral. Este año no habrá cambios en la cantidad a pagar al no haber variado el tipo ni el valor catastral.
