El Partido Popular protagonizó ayer en la diputación el primer desencuentro en la política provincial desde que el socialista Juan Andrés Tovar es presidente del hemiciclo cacereño. Y la culpa la tuvo el punto 35 de un soporífero pleno en el que trataba de darse luz verde a la aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial por valor de 3 millones de euros para el pago de 11 obras realizadas en la pasada legislatura siendo presidente Antonio Caperote.

Cuando se estaba debatiendo este asunto, el presidente de la institución le negó el turno de réplica al portavoz del PP, Fernando Manzano, al considerar que el asunto estaba suficientemente debatido y comentar que el PP había agotado y utilizado los turnos que le correspondían. La postura de Tovar no gustó a Manzano que, en declaraciones a este diario, le tachó de "antidemocrático". Por su parte, el mandatario provincial lamentó la actitud del PP, partido al que le recriminó su "falta de respeto --dijo-- por la institución".

EL SISTEMA DE PAGO El reconocimiento extrajudicial de crédito es un sistema que obliga a realizar modificaciones presupuestarias y conseguir así dinero de otras partidas del presupuesto o de los remanentes de tesorería para pagar a los acreedores antes de que un juez obligue al pago. Ayer se aprobaron en el pleno 19 reconocimientos de este tipo por valor, según dijo el PP, de 4 millones de euros.

El portavoz popular pidió que se constituyera una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas y técnicas, al considerar que faltaba documentación e incorrecciones en la existente. El PP aseguró que estos expedientes "rozan la legalidad" y que se habían realizado "filigranas financieras para salvar la cara de algún compañero que ya no está aquí, pero que ocupa un alto cargo de la Junta", en clara alusión a Caperote.

Este tipo de expedientes se realizan en la mayor parte de instituciones de nuestro país. Juan Andrés Tovar insistió ayer en que eran actuaciones legales, aunque reconoció que no era la fórmula que más le gustaba. En este sentido, la diputada de Hacienda, Ana María Guerra, dijo que era preferible este sistema antes que pagar intereses o costas judiciales.