Algunos de los hosteleros condenados por el caso de los ruidos de La Madrila comenzarán esta semana a ingresar en prisión después de que el Gobierno central haya denegado sus indultos. Según ha podido saber este diario entre mañana y el viernes entrarán en el centro penitenciario de Cáceres para comenzar a cumplir su condena al menos cinco de ellos, a quienes el juzgado llamó personalmente hace unos días para recoger la orden que les obliga a entrar en la cárcel. El resto (son nueve a quienes por ahora no se les ha aceptado la medida de gracia) ingresará en prisión en los próximos días, aunque a ellos hasta el momento no se les ha comunicado personalmente la ejecución de sentencia.

Todavía faltan por resolverse los indultos solicitados por Barroco y por uno de los propietarios de Tacones, que aún deben ser debatidos en el Consejo de Ministros. Por el momento el juzgado no ha recibido la notificación de si los ha aceptado o los ha denegado. Lo lógico sería, no obstante, que el Ministerio de Justicia tampoco permitiera conmutar la pena a estos dos hosteleros ya que sus circunstancias son prácticamente las mismas que las del resto. Incluso peores, ya que el responsable de Tacones es el único de los once condenados que no ha hecho frente a las indemnizaciones a los afectados por carecer de fondos.

La responsabilidad civil asciende a casi los 100.000 euros que debían abonar conjunta y solidariamente todos los condenados. Sin embargo, a pesar de haber pagado a los vecinos la parte que les correspondía por los daños que causaron los ruidos de sus negocios, el Consejo de Ministros decidió denegar los indultos. Diez de ellos fueron condenados a dos años y tres meses de prisión y uno a dos años y nueve meses, por lo que habían solicitado que se concediera uno parcial con el objetivo de que la pena se rebajara a dos años y poder así eludir la cárcel. A pesar de las esperanzas, no ha sido así. La decisión ha supuesto un varapalo para los condenados y sus familias y ha caído por sorpresa en el sector y en la ciudad.

Ni siquiera los vecinos que denunciaron querían que finalmente ingresaran en prisión, pero tenían en contra los informes de la Fiscalía y del juzgado, que se negaban a que se concediera la medida de gracia.

Si todo transcurre según lo esperado los condenados podrían comenzar a disfrutar de los primeros persmisos a los dos o tres meses de entrar en prisión.