El oficial de la Unidad Operativa de la Policía Local de Cáceres R.A.R.ebollo ha sido condenado por un delito de amenazas a siete meses y quince días de prisión y el mismo periodo de inhabilitación para ejercer su cargo, según una sentencia hecha pública ayer y que aún no es firme, ya que contra ella cabe recurso de casación.

El mando policial ha sido absuelto sin embargo de otro dos delitos de coacciones y prevaricación del que también había sido acusado y por los que se enfrentaba a una pena de 2 años y mayor inhabilitación. Además, de estos mismos delitos han sido absueltos otros dos agentes que estaban imputados en la causa ya que, según el tribunal, no se ha podido demostrar que los tres urdieran un plan para actuar contra el dueño de un taller, Automociones Reyes, al que retiraron dos vehículos de la vía pública tras ser amenazado por el oficial.

LOS HECHOS La condena de prisión al oficial no supondrá su ingreso en la cárcel, ya que para que cumpliera la pena de internamiento debería ser reincidente o haber sido condenado a una pena superior a los dos años de prisión. En cambio, sí se hará efectiva la inhabilitación, cuando el fallo judicial sea firme.

Los hechos por los que ha sido condenado ocurrieron en marzo del año pasado. Uno de los dueños de la fábrica de patatas El Gallo se había comprometido a regalar una furgoneta Mercedes Vito al oficial para la Asociación de Coches Clásicos a la que él pertenecía. El vehículo estaba averiado y depositado en un taller. Sin embargo, otro de los socios de la fábrica de patatas, sin conocer este compromiso, pactó la compra de la furgoneta con Automoción Reyes López, que la adquirió por 300 euros.

Al conocer la transacción, el mando policial, vestido con el uniforme, acudió a este establecimiento con el coche oficial y estando de servicio para intentar hacerse con la furgoneta y, al no conseguirlo, espetó al dueño del mismo que habría de "atenerse a las consecuencias".

Esta amenaza, que en otro caso se consideraría una falta, es más grave aquí por las circunstancias en las que se da, de ahí la calificación como delito. Se trata de un policía local de uniforme, de servicio y en vehículo oficial, "que mantiene una actitud intransigente que culmina con esa expresión ante la negativa de acceder a su demanda", dice el fallo judicial, y eso convierte la amenaza "en lo suficientemente seria y creíble" para que los amenazados "teman que el mal puede hacerse realidad". En opinión del magistrado ponente de la sentencia, Valentín Pérez, eso "supera la línea divisoria que la separa de la infracción leve".

Sin embargo, no se considera probado que el mando policial y los otros dos agentes planificaran, 14 días después, retirar con una grúa dos vehículos del taller que estaban mal aparcados y que se pensó no tenían seguro, ya que un vecino se quejó del mal estacionamiento de los vehículos. El abogado del oficial, Juan José Flores, declinó ayer confirmar a este diario si recurrirá o no el fallo. La acusación particular, ejercida por José Luis Pérez Mena en nombre del taller, manifestó la satisfacción al menos con una condena y confirmó que no lo recurriría.