En septiembre del 2002 la presidenta de Aldea Moret, Guadalupe Iglesias, le pide a Joaquín Rumbo que proceda a cortar el suministro eléctrico de la sede vecinal de Aldea Moret, algo que se produce el 30 de septiembre. Posteriormente se procede al desalojo del bar y los arrendatarios interponen una denuncia contra el concejal.
El 27 de enero del 2005 el concejal Joaquín Rumbo presta declaración en el juzgado por el asunto de la sede social.
El 3 de febrero del 2005 el Juzgado de lo Penal inhabilita al concejal de Obras para ocupar cargos públicos durante siete años.
El 4 de febrero del 2005 el alcalde de Cáceres, José María Saponi, defiende a su concejal de Obras y anuncia que el gobierno municipal presentará un recurso de apelación contra los siete años de inhabilitación del concejal. Rumbo dice que tiene la conciencia tranquila y agradece el apoyo social que ha recibido.
El 16 de marzo se da a conocer que Joaquín Rumbo recurre su condena, un recurso que se basa en asegurar que no cometió delito de prevaricación. Fiscal y acusación se oponen y piden que se ratifique el fallo del juzgado.
El 30 de junio del 2005 la Audiencia Provincial de Cáceres absuelve del delito de prevaricación a Rumbo, que es condenado sólo por un delito de coacciones a la pena de 8 meses de multa a razón de 15 euros diarios, según el fallo de la sentencia de la sección segunda.
