Una representación de la Asociación de Propietarios de la Umbría y la Solana de la Montaña se entrevistó ayer con la alcaldesa, Carmen Heras. Esta reunión se produce en un momento decisivo para la reordenación de la Montaña. Por un lado tiene lugar semanas después de conocerse la sentencia que afecta al Residencial Universidad y por otro se celebra días antes de que la Junta fije los cambios que se tienen que meter en la revisión del plan general de urbanismo. La asociación trasladó a Heras su deseo de que no se produzcan variaciones en lo que afecta a la Montaña.
La asociación promovió el proceso que terminó con el fallo del Supremo que anula la orden de la Junta que posibilitó la ejecución de los 550 pisos del Residencial Universidad. La orden de la Junta es del 2000 y la asociación la llevó a los tribunales al entender que se daba un agravio comparativo, debido a que el ayuntamiento, en el trámite inicial, y la Junta, en el definitivo, autorizaron a Magenta a construir el residencial, mientras que a ellos se les negó una intervención urbanizadora en la zona que habían planteado con anterioridad.
Cuando entre el 2003 y el 2005 se planificó la revisión del plan de urbanismo antes de su aprobación inicial se contempló al Residencial Universidad entre los suelos urbanos consolidados y se incorporaron 130 hectáreas, más 12,5 de la ronda este, de la Montaña como sistemas generales a obtener por el ayuntamiento (es decir zona verde que ahora es de titularidad privada y que se adquiere compensando al colectivo de propietarios con edificabilidad residencial o terciaria en otras zonas donde con el nuevo plan de urbanismo se edifica).
Esto se plasmó en la revisión del plan cuando ya se había producido la sentencia del Tribunal Superior que anulaba la orden, fallo que se recurrió al Supremo. Con la inclusión del residencial en el plan se ordenan estas viviendas que ahora con la decisión del Tribunal Supremo quedan fuera de ordenación.
Las 130 hectáreas, más las doce de la ronda, son de las veinte familias que están en la asociación. Pero desde la Junta se ha incidido en las últimas semanas en que hay que eliminar parte de los sistemas generales planificados en la revisión del plan general. El mayor porcentaje de sistemas generales está en la Sierrilla (285 hectáreas). La Junta tiene que dar la aprobación definitiva a la revisión del plan general para que entre en vigor.
Con todos estos antecedentes se produce la entrevista de ayer. El gestor de la asociación de propietarios, Juan Antonio Martín, defendió que estas 142 hectáreas se mantengan como sistemas generales porque permite al ayuntamiento conseguir el terreno de la ronda este que aún no es de su propiedad, se crea una gran casa de campo y se cohesiona la ciudad ordenando tanto el residencial Universidad como los terrenos adyacentes que quedan como zona verde de uso público.
Martín indicó que la sentencia del Supremo se puede ejecutar, pero precisó que "no se hará valer el tema de la sentencia" por parte de la asociación, aunque "sí se podría poner sobre la mesa" si se da el caso de que esos sistemas generales sufriesen un recorte. Precisó que no debe interpretarse como que se pretende coaccionar, sino que la asociación se vio afectada al negarle lo que sí se permitió a Magenta.
ALCALDESA Por su parte, la alcaldesa, Carmen Heras, recordó que la asociación tiene una sentencia que les da la razón. Heras apuntó que la futura reordenación de la Montaña es una cuestión "que no solo es competencia del ayuntamiento, sino también de la Junta" y que se estudiará su petición de que la Montaña quede igual, aunque precisó: "lo que ellos piden choca con el planteamiento de la Junta respecto a los sistemas generales, pero eso se les ha dicho que se volverá a reestudiar dentro del planteamiento general y urbanístico de la ciudad".
